El nombramiento de Nicolás Grau como ministro de Hacienda ha generado diversas discusiones a nivel político y de mercado. Uno de los temas más sensibles dice relación con los desafíos fiscales que enfrenta el país. Al respecto, el Presidente Boric y el mismo Grau han manifestado que el compromiso del Gobierno en esta materia se mantiene intacto y que este cambio en Hacienda no significa una modificación de planes. Pero precisamente la insistencia en este tipo de declaraciones da cuenta de que la preocupación es genuina.

En este sentido, la elaboración y aprobación de la Ley de Presupuesto para 2026 ha sido mencionada recurrentemente como el desafío más grande del nuevo ministro. En efecto, todo indica que la próxima discusión presupuestaria será exigente, ya que el Gobierno ha comprometido un nivel de gasto acorde con el objetivo de un déficit estructural de 1,1% del PIB, lo que requerirá una disminución del gasto fiscal en términos reales. Ello es siempre complejo, aunque lo es menos cuando la ejecución presupuestaria la hará otro gobierno, ya que las presiones sectoriales al interior del Ejecutivo se ven aminoradas. En este sentido, la idea de que esta es “una discusión presupuestaria en año electoral” resulta confusa, toda vez que lo que en rigor se discutirá es el presupuesto con que la próxima administración deberá operar en su primer año, lo que disminuye su complejidad política; más aún, si incluso los candidatos de oposición se han comprometido a llevar a cabo ajustes del gasto relevantes de llegar ellos a La Moneda. De este modo, lo que el actual gobierno más bien se juega en esa discusión es el mensaje de que —si bien con importantes desvíos intermedios, como los que se han visto— terminará entregando un presupuesto cuyos números cumplirán con las metas autoimpuestas.

Así, más que el erario para 2026, la verdadera complejidad para el ministro Grau se observa en la ejecución presupuestaria de 2025. En pleno período eleccionario, y con proyecciones de que los objetivos fiscales este año nuevamente arriesgan incumplirse, el requerido esfuerzo de contención compite con las presiones de mayor gasto que emergen desde la coalición de gobierno. Reveladoras han sido al respecto las recientes críticas del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sobre el manejo del Gobierno —y particularmente del ahora exministro Marcel— en esta materia. “Siempre topamos en los recursos. Se hizo casi un dios, el recurso por sobre la necesidad social”, dijo el timonel del PC, explicitando una presión que en definitiva apunta a que la autoridad posponga el ajuste fiscal y, en cambio, privilegie potenciar las posibilidades electorales del sector mediante el relajamiento de las finanzas públicas en el período de campaña. Pese a reacciones como la del senador Lagos Weber, sería ingenuo suponer que lo que Carmona ha explicitado no es compartido incluso más allá de las filas comunistas. De hecho, durante su gestión, Marcel recibió también críticas del Frente Amplio y hasta debió lidiar con iniciativas populistas promovidas por parlamentarios del Socialismo Democrático.

Por eso, el desafío fiscal para los cuatro meses que quedan de este año es, en cierto sentido, el más relevante para el ministro Grau. En contraste con Marcel, que era más independiente respecto de los partidos gobiernistas, Grau proviene del núcleo del Frente Amplio y en el pasado expresó críticas importantes a políticas e instituciones encargadas de la estabilidad macroeconómica. La pregunta que nace entonces es respecto de la convicción con que enfrentará la tarea de necesaria contención del gasto, aun si esto afecta el desempeño electoral de su propio sector político, tanto en los comicios presidenciales como en los parlamentarios. Serán los hechos —y no las palabras — los que terminarán mostrando si el compromiso del Gobierno con la responsabilidad fiscal es firme o si el incentivo electoral es más fuerte.