La inscripción del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), como candidato a la Cámara de Diputados no solo generó críticas desde la oposición —que emplazó a la abanderada presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, a explicar los criterios del bloque para definir sus postulaciones—, sino que incluso provocó incomodidad en la coalición de gobierno, debido a que el ex jefe comunal enfrenta un proceso judicial. La propia Jara intentó tomar distancia, afirmando que “yo hubiese preferido que se hubiera dedicado a su defensa judicial”, pero sin manifestarse respecto del fondo del asunto.

Las críticas se fundamentan en el hecho de que Jadue no solo se encuentra formalizado, sino que la Fiscalía Centro-Norte ha presentado ya una acusación en su contra por los delitos de fraude al fisco, estafa, cohecho y concursal, por lo cual arriesga una pena de más de 18 años de cárcel. Esto, en circunstancias que, como se sabe, la Constitución establece la suspensión del derecho a sufragio —y por ende, la imposibilidad de ser candidato— para aquellas personas que, como el exedil, se encuentren acusadas de un delito que merezca pena aflictiva. Es cierto que la interpretación del Tribunal Constitucional ha establecido algunos requisitos para que dicha suspensión efectivamente pueda operar y que eventualmente Jadue podría mantener sus derechos políticos hasta el momento de la elección. Con todo, y al margen de discusiones jurídicas, la situación de un candidato cuya propia habilitación está puesta en duda al enfrentar gravísimas acusaciones por parte del Ministerio Público es bochornosa. También, reveladora de cuáles son los estándares que aplica el PC —un partido que suele denunciar con dureza los casos de corrupción que puedan involucrar a figuras de otros sectores políticos— cuando el afectado es uno de sus militantes con mayor poder interno. El contraste con la actitud de Chile Vamos, que rehusó incluir en su pacto al diputado Miguel Ángel Calisto, resulta notorio.

Pero, además, el hecho de que el resto del oficialismo, partiendo por su candidata, haya aceptado la inclusión de Jadue es una muestra elocuente del peso que hoy ostenta la directiva comunista en la coalición de gobierno. Más aún si a la complicada situación judicial del exalcalde se agregan planteamientos políticos incompatibles con los principios democráticos, desde su defensa irrestricta de las dictaduras de Cuba y Venezuela, hasta sus cuestionamientos al Estado de Derecho o la definición de las cárceles como “instrumentos de dominación de clase”.

Con todo, y precisamente por eso, la candidatura del exedil sí tendrá una utilidad importante: la de recordar cuáles son las convicciones más hondas del partido en el que Jeannette Jara milita desde los 14 años, más allá de los intentos de su campaña por presentarla como una opción de centroizquierda y hasta socialdemócrata.