Señor Director:

El relato del Presidente de la República en su cuenta pública de 2024 nos confrontó con una realidad que no podemos ignorar: una mujer que, en medio de un sufrimiento extremo, le pidió autorizar su eutanasia. Este testimonio evidenció la urgencia de que Chile cuente con una regulación clara y compasiva sobre esta materia.

El proyecto que tramita el Senado no es fruto de una agenda ideológica, sino la refundición de cuatro iniciativas presentadas por congresistas de todo el espectro político. Reconocer el derecho a una muerte digna trasciende las divisiones tradicionales y refleja la madurez de una sociedad que valora la autodeterminación.

En una sociedad pluralista existen diferentes concepciones del valor de la vida y la dignidad humana en circunstancias límite. Algunos encontrarán sentido en el sufrimiento hasta el final; otros considerarán que la dignidad reside en elegir el momento y forma de partir. Ambas merecen respeto, y ninguna debe imponerse.

Las indicaciones propuestas por el Ejecutivo perfeccionan el proyecto, estableciendo un Comité de Garantía y Evaluación que velará por el cumplimiento de requisitos, aplicando estándares médicos y científicos en cada caso. Junto con dar garantías a pacientes, médicos y personal sanitario, reconociendo la objeción de conciencia y la seguridad para quienes se dispongan a acompañar a sus pacientes en esta decisión. Esto no es permisivo, sino responsable: garantizar que solo accedan a este derecho quienes lo requieren y han tomado una decisión libre e informada.

Chile puede sumarse a las naciones que han regulado esta materia con criterios de excelencia. No se trata de promover la muerte, sino reconocer que, en una sociedad libre, las personas deben tener opciones dignas cuando enfrentan sufrimientos intolerables en el contexto de enfermedades terminales.

La empatía, la responsabilidad y el respeto que mencionó el Presidente deben guiar nuestra reflexión. Es hora de avanzar en esta legislación, con prudencia, pero con la determinación de quien comprende que los derechos fundamentales no pueden seguir esperando.

Dra. Ximena Aguilera
Ministra de Salud