Este invierno, el costo de la luz ha generado desvelos en miles de familias chilenas, y no debiese ser así. Tenemos un potencial de energía renovable de 80 veces nuestra capacidad instalada, pero todos los días se “pierde” energía porque somos incapaces de transmitirla o almacenarla.

Los proyectos de infraestructura para resolver el problema enfrentan muchas dificultades para ser aprobados. Dos ejemplos: hace algunos meses se le puso término anticipado a un gran proyecto de almacenamiento por tecnicismos de fácil solución, y la línea de transmisión “Kimal Lo Aguirre”, que llevará la abundante energía solar del norte al resto del país, enfrenta más de 3.000 observaciones de distintos organismos públicos.

El problema no se reduce a la energía. Es conocida la situación de sequía que enfrentan muchas regiones del país. Comunidades, agricultores y otros sectores productivos son conscientes de que la desalación podría cambiar sus vidas y, sin embargo, empezar a desalar agua en Chile toma 11 años. El cobre es el sueldo de Chile, su precio sube y su demanda global crece, al punto que necesitamos aumentar en un 40% nuestra producción de aquí al 2031 y, sin embargo, empezar a extraer cobre para un nuevo proyecto minero toma más de 9 años. Chile tiene demasiadas urgencias para los plazos en los que se supone que pueden resolverse y las personas tienen cada vez menos paciencia. Tenemos que rebelarnos ante esa realidad, no adaptarnos a ella.

Todos, organismos públicos, inversionistas, academia y sociedad civil organizada, juegan un rol para mejorar esta situación, que es dramática y urgente. Pero hay una institución que cumple un rol muy relevante y que no ha recibido la atención necesaria en el debate público: los tribunales de justicia y especialmente la Corte Suprema.

Según datos de Pivotes, 106 proyectos de inversión han sido impugnados desde el año 2013. Esto representa un 17% del total de estudios de impacto ambiental sometidos a evaluación, y casi un quinto de la inversión total. El Comité de Ministros ha mantenido tres de cada cuatro autorizaciones de proyectos, y solo ha revertido un 2%. Los Tribunales Ambientales han ratificado dos de cada tres permisos, y revertido un 15%. Sin embargo, en la Corte Suprema la tendencia cambia de forma drástica: solo se confirman las Resoluciones de Calificación Ambiental favorables en un 39% de los casos. Las anulaciones de permisos son excepcionales, pero en dos de cada cinco causas en que interviene la corte, esta retrotrae el proyecto a la etapa administrativa, lo cual puede significar nuevas impugnaciones que eventualmente podrían llevar a ese proyecto de vuelta a la misma Corte Suprema en tres años más.

El número de proyectos que llegan a este último momento es bajo: tan solo 27 desde 2013. Sin embargo, son iniciativas de gran escala e impacto económico. A esto se suman los días adicionales de espera e indefinición que enfrenta un proyecto si se ve sometido a las tres instancias de reclamaciones o impugnaciones.

Los datos de Pivotes indican que, a los más de mil días que toma en promedio obtener un permiso ambiental, se podrían sumar cuatro años, dos meses y dos días en caso de tener que enfrentar posteriormente todo este periplo, que incluye aproximaciones jurídicas, desde el análisis técnico, al político, al de Derecho Administrativo y finalmente, a veces, a la denominada “justicia material”.

Para un diagnóstico del costo de los permisos ya no bastan los plazos administrativos, es necesario mirar la judicialización, más todavía con las idas y vueltas que genera retrotraer evaluaciones concluidas. Los tribunales de justicia son parte del engranaje que requiere un análisis de coherencia y certidumbre jurídica y del correcto relacionamiento con la sede administrativa.

José Antonio Valenzuela
Ricardo Irarrázabal