Luego de semanas de intensas negociaciones, se han inscrito las listas de candidaturas parlamentarias. En ellas —como ya se ha hecho costumbre— los partidos han vuelto a incluir “rostros” del mundo del espectáculo, de la actuación y del deporte, de manera de atraer votos gracias a su exposición mediática y aprovechando —paradójicamente— su distanciamiento de la política, en un reconocimiento implícito del desprestigio que enfrenta la actividad y del desperfilamiento ideológico de la ciudadanía.

Independientemente de los méritos que puedan tener algunos de esos nombres, preocupa como fenómeno el que las colectividades insistan en este tipo de selección de postulantes, más aún considerando la experiencia que a este respecto acumulan, por ejemplo, en cuanto a las conductas díscolas de muchos de ellos. Todo esto denota una debilidad en su capacidad de convocatoria, la que intenta ser suplida recurriendo a figuras conocidas pero que muchas veces carecen no solo de experiencia, sino de un compromiso político que pueda ofrecer certezas a la ciudadanía.

La necesidad de renovar los liderazgos debido a la limitación de la reelección, sumada a las características del actual sistema electoral, han redundado en un cambio significativo en el perfil de los miembros del Congreso, marcado por una menor fidelización respecto de los proyectos colectivos y una mayor tendencia a la actuación individual, en busca del protagonismo que ofrecen las redes sociales. Ello se ha traducido en un empobrecimiento del debate público y del ejercicio legislativo, facilitando una fragmentación que impide la construcción de mayorías y el logro de acuerdos. Carentes de las herramientas necesarias para ordenar sus filas, las colectividades ven así debilitarse sus proyectos.

La crisis de confianza institucional, que se manifiesta de manera dramática respecto del Congreso y de los partidos, requiere para su reversión de parlamentarios que respondan al ideario por el que fueron electos y que contribuyan a fortalecer el Estado de derecho mediante normativas bien diseñadas. Episodios de violencia, insultos, disfraces, cantos y otras actuaciones que han ocurrido en el hemiciclo no contribuyen a la valorización de la función parlamentaria; por el contrario, la debilitan, alimentando la crítica ciudadana respecto de su labor, la que se interpreta más como un privilegio que como un servicio.

El sistema democrático se funda en la mediación política a través de la elección popular de sus representantes. Pero este rol implica un ejercicio experto, con conocimiento de las complejidades del aparato del Estado y sometido al escrutinio público, de manera de no traicionar los postulados que atrajeron el voto de sus representados. La suma de proyectos individuales, que varían en sus posturas según las circunstancias y las tendencias que se adivinan como “populares”, no contribuye a la estabilidad democrática, sino más bien da espacio a populismos que la socavan. Los partidos políticos tienen la gran responsabilidad de contar entre sus filas a parlamentarios alineados con el deber de contribuir a enaltecer la actividad legislativa. No se trata de descalificar anticipadamente a quienes, proviniendo de ámbitos diversos, puedan realizar un aporte efectivo. El problema es recurrir al expediente fácil de postular nombres solo por su alto nivel de conocimiento, sin mayor escrutinio respecto de sus capacidades y compromiso. No parecen entender los partidos que, cuando eso ocurre, están renunciando a una de las funciones esenciales que justifican su existencia.

Lamentablemente, las listas parlamentarias inscritas anticipan pocos cambios en este sentido, lo que plantea serias interrogantes sobre la capacidad del próximo Congreso para aunar esfuerzos en aras de enriquecer el debate legislativo, así como para reformar un sistema político que fragmenta y polariza. Con todo, cabe esperar que la ciudadanía, con su voto, favorezca las conductas responsables y los proyectos coherentes, poniendo coto a la farandulización de la actividad pública.