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Martes 19 de agosto de 2025
El mercado laboral en Chile: malas políticas, peores propuestas y un mejor gobierno
"...un futuro mejor gobierno de Chile tendrá una enorme tarea en revisar y corregir las peores distorsiones laborales, con el objetivo de reducir la informalidad y el desempleo, y mejorar la eficiencia y la equidad en el trabajo".
Las grandes distorsiones del mercado del trabajo en Chile son causadas por la legislación laboral, los dictámenes de la Dirección del Trabajo y las decisiones de los Juzgados de Letras del Trabajo. La maraña de todo lo anterior encarece mucho el empleo formal en empresas que emplean a trabajadores con contratos de trabajo, pagan sueldos cuyo piso es el sueldo mínimo, cancelan las imposiciones de salud, pensiones y desempleo, y respetan las condiciones legales de empleo y de despido. Las distorsiones (o los componentes de impuesto puro al empleo formal) son todos aquellos costos laborales —o parte de ellos— que no son valorados por los trabajadores. Por ejemplo, probablemente el 7% de la cotización de salud sea valorado en un 100% por los trabajadores —aquí no habría distorsión laboral. Del 10% de la cotización previsional depositada en una cuenta individual hoy, la mayor parte es valorada por un trabajador promedio, el monto restante lo considera un impuesto; pero si este 10% fuese a una caja estatal de reparto, la mayor parte sería considerada un impuesto (Schmidt-Hebbel, 1996).
La diferencia entre el costo laboral total que paga la empresa formal y la suma del sueldo mínimo y la valoración del trabajador de los beneficios adicionales percibidos constituye el impuesto puro al trabajo. Esta brecha reduce el empleo formal (que es más productivo), empujando a los trabajadores despedidos al empleo informal (menos productivo) y al desempleo estructural (que deprecia el capital humano de los desempleados). El bajo sueldo informal y el desempleo desaniman a muchos a buscar trabajo, con lo cual se contrae la fuerza de trabajo. El sector informal incumple con las regulaciones laborales que respeta el sector formal, lo que constituye una violación legal, solo excepcionalmente fiscalizada y perseguida.
¿Cuáles son los principales elementos de la legislación laboral actual que profundizan la dicotomía formal-informal, con las consecuencias descritas arriba? Son muchos: un elevado sueldo mínimo (cuya relación con el salario promedio es 42%, más alto que el 34% promedio en la OCDE); las indemnizaciones por despido y otras medidas de “protección” del empleo (más restrictivas en Chile que en la OCDE); los componentes de impuesto puro de las cotizaciones laborales; el abuso de las licencias médicas; los altos costos del trabajo en horas extraordinarias y feriados; la sala cuna obligatoria; y, especialmente, la proliferación de dictámenes antiempresa de la Dirección del Trabajo y de decisiones con sesgos anti-empresa de los Tribunales del Trabajo.
El gobierno de Boric intensificó y extendió las regulaciones laborales que encarecen el empleo formal, a través de cuatro malas reformas.
1) El sueldo mínimo aumentó desde $337.000 en 2021 a $529.000 en 2025, un aumento de 20% real en 4 años, muy superior al incremento de la productividad. 2) La jornada laboral disminuyó de 44 a 40 horas semanales legales, sin la adopción de mecanismos de flexibilidad (banco de horas, anualización, adaptabilidad por defecto). 3) La reforma previsional de 2025 aumentará gradualmente la cotización previsional de 11,5% a 18,5%, alza que se distribuirá entre aportes a capitalización y a reparto estatal, con un componente importante de impuesto puro al trabajo. 4) Se promulgó la Ley Karin, que eleva el costo de contratación.
La candidatura presidencial de J. Jara, del Partido Comunista, propone tres medidas que destruirán el empleo formal y condenarán a Chile al estancamiento perpetuo: 1) Negociación colectiva por sectores o ramas industriales —un golpe a todas las empresas de productividad menor al promedio de la rama correspondiente. 2) Aumentar el sueldo mínimo de $550.000 a $750.000 mensuales —un 42% de aumento, que será el tiro de gracia al empleo formal en las pymes. 3) Estatizar las AFP y los ahorros en las AFP, de propiedad de 12 millones de trabajadores, traspasando sus fondos a una caja estatal de reparto, y aumentando el impuesto puro en la cotización previsional futura de 18,5%.
A partir de este diagnóstico, un futuro mejor gobierno de Chile tendrá una enorme tarea en revisar y corregir las peores distorsiones laborales, con el objetivo de reducir la informalidad y el desempleo, y mejorar la eficiencia y la equidad en el trabajo.
La diferencia entre el costo laboral total que paga la empresa formal y la suma del sueldo mínimo y la valoración del trabajador de los beneficios adicionales percibidos constituye el impuesto puro al trabajo. Esta brecha reduce el empleo formal (que es más productivo), empujando a los trabajadores despedidos al empleo informal (menos productivo) y al desempleo estructural (que deprecia el capital humano de los desempleados). El bajo sueldo informal y el desempleo desaniman a muchos a buscar trabajo, con lo cual se contrae la fuerza de trabajo. El sector informal incumple con las regulaciones laborales que respeta el sector formal, lo que constituye una violación legal, solo excepcionalmente fiscalizada y perseguida.
¿Cuáles son los principales elementos de la legislación laboral actual que profundizan la dicotomía formal-informal, con las consecuencias descritas arriba? Son muchos: un elevado sueldo mínimo (cuya relación con el salario promedio es 42%, más alto que el 34% promedio en la OCDE); las indemnizaciones por despido y otras medidas de “protección” del empleo (más restrictivas en Chile que en la OCDE); los componentes de impuesto puro de las cotizaciones laborales; el abuso de las licencias médicas; los altos costos del trabajo en horas extraordinarias y feriados; la sala cuna obligatoria; y, especialmente, la proliferación de dictámenes antiempresa de la Dirección del Trabajo y de decisiones con sesgos anti-empresa de los Tribunales del Trabajo.
El gobierno de Boric intensificó y extendió las regulaciones laborales que encarecen el empleo formal, a través de cuatro malas reformas.
1) El sueldo mínimo aumentó desde $337.000 en 2021 a $529.000 en 2025, un aumento de 20% real en 4 años, muy superior al incremento de la productividad. 2) La jornada laboral disminuyó de 44 a 40 horas semanales legales, sin la adopción de mecanismos de flexibilidad (banco de horas, anualización, adaptabilidad por defecto). 3) La reforma previsional de 2025 aumentará gradualmente la cotización previsional de 11,5% a 18,5%, alza que se distribuirá entre aportes a capitalización y a reparto estatal, con un componente importante de impuesto puro al trabajo. 4) Se promulgó la Ley Karin, que eleva el costo de contratación.
La candidatura presidencial de J. Jara, del Partido Comunista, propone tres medidas que destruirán el empleo formal y condenarán a Chile al estancamiento perpetuo: 1) Negociación colectiva por sectores o ramas industriales —un golpe a todas las empresas de productividad menor al promedio de la rama correspondiente. 2) Aumentar el sueldo mínimo de $550.000 a $750.000 mensuales —un 42% de aumento, que será el tiro de gracia al empleo formal en las pymes. 3) Estatizar las AFP y los ahorros en las AFP, de propiedad de 12 millones de trabajadores, traspasando sus fondos a una caja estatal de reparto, y aumentando el impuesto puro en la cotización previsional futura de 18,5%.
A partir de este diagnóstico, un futuro mejor gobierno de Chile tendrá una enorme tarea en revisar y corregir las peores distorsiones laborales, con el objetivo de reducir la informalidad y el desempleo, y mejorar la eficiencia y la equidad en el trabajo.
