Han pasado ya varias décadas desde el nacimiento del primer niño chileno concebido mediante técnicas de reproducción asistida de alta complejidad. Desde entonces, estos procedimientos han permitido el nacimiento de un número creciente de niños, incluyendo cada vez más familias afiliadas a Fonasa. Sin embargo, nuestro país aún carece de una legislación específica que regule integralmente esta materia.

Este avance contrasta con una realidad preocupante: la natalidad en Chile disminuye de forma acelerada, a un ritmo casi único en el mundo. Las proyecciones indican nuevas caídas en las tasas de fecundidad, mientras el cierre de áreas de maternidad, la baja en las matrículas parvularias y cambios en hábitos de consumo y compra de vivienda reflejan su impacto social y económico.

Ante este escenario, algunos han propuesto ampliar los apoyos y subsidios no solo para las técnicas de reproducción asistida ya conocidas, sino también para otras opciones como la gestación subrogada, la ovodonación o, eventualmente, el trasplante uterino. Sin embargo, es importante distinguir entre la fecundación in vitro y prácticas como la subrogación, o las políticas empresariales que incentivan a mujeres trabajadoras a congelar óvulos para postergar la maternidad sin interrumpir su productividad laboral. La evidencia es clara: la mayor probabilidad de lograr un embarazo se alcanza a edades más tempranas, y la fertilidad disminuye drásticamente después de los 30 años.

En este contexto, la reflexión ética y jurídica es imprescindible. El Parlamento Europeo ha advertido que ciertos aspectos de la vida humana no deben ser objeto de transacciones comerciales. Y en 2023, en Casablanca, Marruecos, representantes de 75 países proclamaron la Declaración Internacional para la prohibición global de la maternidad subrogada.

Más allá de las elecciones personales, como sociedad debemos pensar en el bien común. La educación, en todos sus niveles, tiene un rol clave para comprender el valor intrínseco de la vida humana y evitar que definiciones esenciales —como la del inicio de la gestación— se acomoden a conveniencias tecnológicas o intereses económicos.

Las divergencias de criterio no son nuevas. En 2017, el Tribunal Constitucional se dividió al responder si el embrión humano es persona: seis ministros lo negaron y cuatro lo afirmaron, reconociendo la protección desde la concepción. Mientras tanto, el Gobierno ha anunciado la intención de ampliar la ley de aborto, a pesar de que las cifras oficiales muestran que la mortalidad materna en Chile es baja y que la fecundidad adolescente ha caído más de un 90% desde el año 2000.

Las leyes que facilitan la eliminación de vidas —como el aborto o la eutanasia— tienden a normalizar socialmente esa posibilidad. Incluso se han planteado propuestas extremas, como permitir la muerte de recién nacidos con malformaciones graves no diagnosticadas durante el embarazo.

Si la definición de persona dependiera de capacidades como la autoconciencia o la racionalidad, se justificaría eliminar a recién nacidos, ancianos frágiles o pacientes neurológicos severos. Esto adquiere especial relevancia en un país que, para 2050, tendrá más del 25% de su población sobre los 65 años y un 30% sobre los 80.

En vez de seguir agendas que priorizan medidas costosas o de impacto limitado —como ampliar el aborto, financiar congelación de óvulos o prolongar descansos posnatales sin evaluar consecuencias—, urge fomentar la maternidad a edades más tempranas, reducir las listas de espera y atender necesidades prioritarias en salud. Solo con políticas centradas en la dignidad humana y el bien común, Chile podrá enfrentar con coherencia sus desafíos demográficos.

Enrique Oyarzún Ebensperger
Decano Facultad de Medicina Universidad de los Andes