Señor Director:

En relación con la carta (13 de agosto) de la ministra de Obras Públicas, señora Jessica López, hay que recordar asuntos que se olvidan: El Hospital del Salvador y el Instituto Nacional de Geriatría fueron adjudicados al Consorcio de Salud Santiago Oriente en 2014. La entrega de terrenos se retrasó, exigiéndose una declaración de impacto ambiental retroactiva, que fue aprobada a fines de 2016.

El Consejo de Monumentos Nacionales ordenó un rescate arqueológico que paralizó las obras durante tres años más, sin mayores hallazgos que fragmentos pequeños de supuestas vasijas, cuyas prospecciones no justificaron el retraso.

Nada de esto fue sin voluntad del Estado, como la ministra aseveró, ya que los órganos responsables son parte de la administración.

En 2019, se reformuló el contrato, y el proyecto recibió un “nuevo inicio”. El “estallido social”, estando el hospital cerca de la zona de hechos de violencia delictual y la pandemia, retrasó la obra.

Entre 2023 y 2024, surgieron problemas con la conexión eléctrica de Enel, esencial para terminar la última fase, ello porque el subsecretario de Redes Asistenciales no firmó a tiempo el contrato eléctrico, hecho reconocido por la Dirección General de Concesiones en resolución de abril de 2025, señalando que el retraso no era imputable a la concesionaria. Con todo, el 2025, por esa causa de fuerza mayor, el Estado no ha pagado subsidios, dejando a la empresa sin recursos necesarios para terminar la obra.

Los últimos subsidios se pagaron en 2024, y entonces se volvió a reactivar la obra bajo liderazgo del entonces director de Concesiones, que como la ministra destacó, obtuvo buenas cifras. Lamentablemente, hace unos meses se le pidió la renuncia al mismo.

Es el Estado quien impide la apertura.

La ministra señaló que todo esto es “música”. La música es bella, y esto no lo es: Miles de pacientes en listas de espera luchando por su salud, todo con un hospital en un 96% de avance que no se inaugura.

José Gabriel Alemparte Mery
Abogado