Nadie en Chile podría declararse sorprendido por la baja de las licencias médicas en meses recientes. Según lo informó el ministro de Hacienda, en junio se registró un 20 por ciento menos de permisos que en el mismo mes del año pasado, y en julio esa cifra alcanzaba cerca de un 30 por ciento por debajo. En términos de dinero, el ahorro puede superar fácilmente los 100 millones de dólares en los últimos dos meses, puesto que el gasto anual por este concepto supera los 3 mil 300 millones de dólares, aunque cabría esperar que las licencias no fueran uniformemente distribuidas en el año, sino más bien con un alza en el invierno. Si bien los subsidios por incapacidad laboral venían disminuyendo este año, nadie dudaría en atribuir el cambio a la denuncia formulada por la Contraloría General de la República sobre el abuso de miles de funcionarios públicos que viajaron al extranjero durante la vigencia del permiso médico.

Asimismo, pocos días después de tan seria acusación, se promulgó una ley que busca fortalecer las entidades encargadas de fiscalizar la emisión de las licencias, que a la vez aumenta las sanciones, tanto en contra de quienes las emitan sin fundamentos como de quienes nieguen o alteren una sin expresión de causa. Pocas expectativas podían proyectarse de que con esta nueva ley se llegara a modificar seriamente la conducta denunciada, al punto de que a los pocos días se han presentado no menos de cinco nuevos proyectos que abordan el tema, desde diputados de Chile Vamos junto a democratacristianos hasta una senadora socialista, todos alarmados por la información que se difundió y que fue adquiriendo caracteres de escándalo.

Con toda probabilidad, la disminución de los subsidios laborales por incapacidad se debe al temor y a la vergüenza que podría ocasionar el ser descubierto en esta clase de fraude. La fiscalización simple hecha por la Contraloría, cruzando los datos de las salidas al extranjero con los de las licencias, arrojó 25 mil casos, lo que estaría indicando que bien pueden ser muchísimos más los abusos. Por cierto, quien defrauda al sistema no se detiene a pensar el vínculo entre su conducta y las listas de espera, en las que se encuentran cerca de tres millones de personas, pero es evidente que están claramente relacionadas. Cientos de millones de dólares que debieran ir a la atención de personas enfermas, muchas de las cuales mueren esperando, se malgastan en pagarles el sueldo a gente sana que viaja fuera del país y, con toda seguridad, a muchos más que se aprovechan del mal diseño de los permisos en Chile.

Desde hace muchos años que se sabe que los vaivenes en las licencias no guardan relación con el estado de salud de la población, sino solo con las oportunidades que ofrecen los mecanismos legales para conseguir que se paguen sueldos a quienes no trabajan. Desde las seudoepidemias de reflujo del recién nacido, que se conocieron hace varios años, para conseguirles licencias fraudulentas a las madres, hasta las vacaciones internacionales descubiertas ahora por Contraloría, los fuertes aumentos en los permisos deben explicarse no por la salud de los chilenos, sino por razones muy ajenas. Pero si bien en el caso de los reflujos se entendía cuál era el propósito de los médicos, lo que se solucionó con la extensión del permiso maternal, ahora solo el descubrimiento de vacíos legales permite explicar las variaciones en las licencias.