Señor Director:

Es abiertamente inconstitucional la propuesta de ley articulada el viernes en esta misma página por un experto en derecho de insolvencia. Su objetivo es que la ley obligue al juez a decretar la prisión preventiva de toda persona que sea “detenida” por ciertos delitos graves, y nada menos que por el lapso mínimo de un año. Según la Constitución que nos rige, la libertad del imputado procede siempre, “a menos que la detención o prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o de la sociedad”. La Constitución exige una ponderación judicial de los factores relevantes en cada caso particular.

Lo anterior es consistente con la necesidad de proteger a todas las personas de la coacción estatal arbitraria o desproporcionada. ¿Podría alguien sostener seriamente que toda persona imputada o formalizada por un delito es realmente responsable de él? ¿Conocerán quienes hacen esta clase de propuestas cómo funciona realmente el sistema de persecución penal? Por cierto, cada uno puede pensar lo que quiera y expresar esos pensamientos. Pero en los temas que inciden directamente en los derechos y garantías más fundamentales es indispensable una cierta dosis de responsabilidad.

Alex van Weezel
Profesor de Derecho UC
Fernando Londoño
Profesor de Derecho UDP