En las últimas semanas hemos conocido una nueva propuesta impositiva que se denomina royalty portuario. La justificación de sus promotores es el cobro por uso de los puertos y la necesidad de que los recursos que genera la actividad queden en las ciudades puerto de Chile, gran parte debilitadas por la inseguridad, un desempleo galopante y la ausencia de políticas estratégicas de impacto en su desarrollo.

Al respecto, es crucial tener en cuenta que los impuestos no son neutrales con relación a la economía. Es más, en sectores tan competitivos y globalizados como el portuario —bajo el principio de incidencia tributaria—, el costo recae sobre los usuarios de los servicios logísticos del sistema, afectando toda la cadena de valor, mermando de esta manera la competitividad de nuestras exportaciones, que constituyen la base del desarrollo regional y uno de los pilares fundamentales de nuestro modelo económico.

Adicionalmente, es importante destacar que los puertos privados en Chile ya pagan un canon de uso de la infraestructura portuaria, el que posee un componente fijo y otro variable por tonelada movilizada. Este pago es realizado a las empresas portuarias públicas; que luego pasa a formar parte de sus utilidades. Por otra parte, estas ganancias se afectan con un 27% de impuesto general a la renta y, adicionalmente, con un 40% de gravamen especial de acuerdo al D.L. N° 2398, que va directamente a los recursos del Gobierno Central.

Este impuesto adicional, junto a los dividendos que entregan las empresas portuarias estatales, ha recaudado cuantiosos recursos que solo en los últimos 8 años llegan a 370 millones de dólares y que pasan a engrosar las arcas a nivel central, quedando una mínima parte en las regiones portuarias que lo generan. Se suma a lo anterior la recaudación por la tarifa que desembolsan las navieras por el pago de uso portuario (TUP) que en los últimos 20 años ha recaudado cerca de 800 millones de dólares. Desde esta perspectiva, el royalty propuesto constituirá una doble imposición a una misma actividad económica, que afecta negativamente la carga impositiva de una industria estratégica para el país.

Ahora bien, para favorecer el fortalecimiento de las ciudades puerto, más que establecer nuevos impuestos, sería conveniente avanzar legislativamente en función de mejorar la redistribución de los recursos que ya existen, promoviendo que el gravamen de 40% de las ganancias que ya paga la actividad se quede en cada región donde se genera esta riqueza. De esta manera, los recursos podrían ser reinvertidos en proyectos estratégicos para potenciar estas regiones en áreas tan relevantes como seguridad pública, logística complementaria, centros de servicios integrales y de turismo. En definitiva, fortalecer el potencial multiplicador que generan los puertos en forma integral, sin afectar la competitividad del sector.

Juan Alberto Pizarro Bahamonde