Una característica de los gobiernos de la primera década de este milenio fue impulsar una rápida expansión de la red de protección social. Desde el programa Chile Solidario (2002) hasta el Chile Crece Contigo (2007), el país vio ampliarse de forma importante —muchas veces descoordinada— el acceso a diversos beneficios financiados con recursos públicos. Si bien luego el concepto sería cuestionado desde la izquierda, un pilar de esos programas fue la focalización.

Con ese objetivo, se utilizaron los instrumentos disponibles para ordenar a los hogares a partir de una métrica objetiva y que incorporase algún criterio de justicia. Esto, para luego, sobre la base de una determinada condición (por ejemplo, estar dentro del 60% más vulnerable de la población), dar acceso a los distintos programas. Por casi una década, la Ficha de Protección Social (FPS) (2007) fue el instrumento de focalización utilizado por el Estado (reemplazó a la Ficha CAS, instaurada en 1979). Luego, bajo la cuestionable lógica de utilizar registros administrativos, fue reemplazada por el Registro Social de Hogares (2016). En cada una de estas transiciones, la posibilidad de que las personas falsearan datos para modificar de forma estratégica los puntajes de un determinado instrumento estuvo en el centro del debate.

Y es que la evidencia respecto de los abusos en materia de acceso a los beneficios del Estado tiene una larga data. Por eso, en la primera administración del Presidente Piñera, se buscó simplificar la estructura de la red de programas sociales y modernizar las reglas de elegibilidad, pues era de público conocimiento que los puntajes de la FPS eran manipulados. De hecho, existía información en internet que explicaba cómo responder las encuestas para mejorar las posibilidades de recibir beneficios.

Desde entonces, sin embargo, el avance ha sido mínimo. La idea de universalidad, que emergió durante la década pasada, contribuyó a relajar algunas de las condiciones de acceso a los programas sociales y redujo los incentivos para la fiscalización. Esto fue mermando también las reglas culturales, generándose distorsiones y abusos evidentes. Un ejemplo fue el inexplicable récord de licencias maternales por reflujo del menor reportadas ya en 2011 (estas explicaban el 57% de todas las licencias por enfermedad grave del menor). Se agregaron las fallas del aparato público para hacer cumplir las obligaciones financieras a las que las personas se habían comprometido. La pasividad frente a la morosidad de los pagos asociados al Crédito con Aval del Estado constituye un inmejorable ejemplo.

Y es que ha sido precisamente educación el área donde los abusos incentivados por un diseño equivocado del acceso a beneficios han continuado expandiéndose. Así, la distorsión que hoy generan las reglas para acceder a la gratuidad y la exención de copago están dando lugar a nuevos problemas. Según la ley, tienen acceso a este beneficio los estudiantes ubicados en los primeros seis deciles de ingresos. Pero, frente a una pasividad rayana en la complicidad desde el Estado, se han empezado a desarrollar comportamientos estratégicos o verdaderas “trampas” para calificar. Ello ya ha significado una inexplicable reducción de los estudiantes universitarios que aparecen perteneciendo al séptimo decil. Esta anomalía es un costo para la sociedad que parece no preocupar a los legisladores ni al Gobierno, toda vez que tales falencias se multiplican ahora en el proyecto de Ley de Financiamiento de Educación Superior (FES) que se discute en el Congreso. En efecto, la propuesta insiste en una fórmula que genera incentivos perversos tanto al momento de postular al beneficio como en su etapa de cobranza, al establecer una suerte de impuesto a los graduados que probablemente llevará a muchos a buscar modos para ocultar parte de sus ingresos. Y es que el problema no es solo de controles, como parece creer el ministro de Educación, sino de un diseño defectuoso.

Al debatirse este tipo de materias, el mundo político suele levantar un discurso buenista que minimiza las malas prácticas y apela a la bondad de la población. Luego de lo que ha conocido el país respecto del mal uso de las licencias médicas y la evidencia acumulada por más de una década sobre acceso fraudulento a los beneficios del Estado, es momento de terminar con esa visión. El país no tiene los recursos para permitir abusos. Al contrario, requiere un ajuste presupuestario y existen las herramientas para erradicar las malas prácticas. Abordar la deshonestidad en el acceso a programas sociales será uno de los desafíos del próximo gobierno.