Señor Director:

Las declaraciones del arquitecto Alejandro Aravena sobre la supuesta participación del narcotráfico en la reconstrucción posincendios en Viña del Mar son graves y preocupantes. Más allá de que, si existen antecedentes concretos, corresponde hacer las denuncias formales y activar las acciones legales respectivas, quiero invitar a no mirar con simpleza este problema.

Si el narcotráfico logra involucrarse en procesos de reconstrucción no es solo por su presencia, sino por la ausencia del Estado. A más de un año del incendio, las viviendas entregadas son mínimas, los subsidios se han asignado con lentitud y las obras avanzan a paso lento, sin que ninguna autoridad asuma responsabilidad clara ante los vecinos.

En este contexto, las familias no eligen entre legalidad o narcotráfico, ni entre un modelo u otro de reconstrucción, sino simplemente entre tener o no tener un techo. Decir que rechazan la ayuda estatal es injusto: no pueden esperarla indefinidamente.

Por lo demás, el plan piloto propuesto por la oficina del propio Aravena resultó más costoso que cualquier subsidio habitacional, aun sin considerar compra de terrenos. Tal vez por eso, más de un año después, solo se ha levantado una torre con tres viviendas.

Ignacio Aravena
Economista urbano, investigador Fundación Piensa