En campañas presidenciales, deberíamos escuchar propuestas claras de los candidatos. Sin embargo, es también tiempo de “ofertas de fin de temporada” y “ofertas fantásticas” que prometen soluciones rápidas, pero a menudo carecen de sustento o generan costos fiscales.

Ofertas de fin de temporada

En términos de ofertas de fin de temporada, hemos tenido muchos ejemplos en el pasado. Algunos inocuos y otros que han tenido impactos importantes en nuestras cuentas fiscales. Tenemos casos de reformas laborales enviadas a última hora, reformas de compleja tramitación y de dudoso efecto en el bienestar del país, solo para dejar contento a un sector del electorado del Ejecutivo. Ejemplos como este hay para códigos legales, constituciones, etc. Estas medidas, estas ofertas, son más bien inocuas en el corto plazo pues difícilmente pasarán, pero tienen el problema que pasan a ser piso en discusiones futuras.

Ahora, hay otras ofertas de fin de temporada que sí son altamente complejas, y que debido al beneficio de corto plazo que implican, son imposibles de parar. Un caso emblemático y con tremendos costos fiscales fue la Pensión Garantizada Universal al final del período presidencial de Piñera II (enviada al Congreso entre la primera y segunda vuelta de las presidenciales). La PGU aumentó la cobertura de la antigua Pensión Básica Solidaria, del 60% al 90% de la población, y su monto subió de $176 mil a $200 mil, lo cual lo hacía imposible de no ser aprobada por el Parlamento. Si el Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda, ingresaba este caramelo, quién se podría oponer. El problema, como se dijo en su momento, es que el aumento del gasto fiscal no estaba financiado, y segundo, este era el caramelo para que se aprobara a futuro, en forma más rápida, una reforma de pensiones más estructural (por ejemplo, que aumentara la edad de jubilación).

Ofertas fantásticas

Las “ofertas fantásticas” prometen soluciones milagrosas con efectos limitados. Un ejemplo clásico es el fin de la Unidad de Fomento (UF). Se presenta como una medida que reduciría costos de hipotecas, colegiaturas o planes de salud, pero en su versión acotada —que respeta contratos existentes y el Estado de Derecho— solo implica que nuevos contratos se denominarán en pesos, ajustados por IPC cada seis meses. Esto no elimina los reajustes, convirtiéndola en una promesa que obviamente no impide el aumento del costo de la vida, pero sí puede afectar los créditos hipotecarios. Es decir, una promesa que podríamos clasificar como publicidad engañosa.

Propuestas actuales

En lo que va de la carrera presidencial, no hemos visto propuestas desde el Ejecutivo, pero sí ofertas desde algunos candidatos. Dejen plantear dos. Primero, un salario vital de $750 mil mensuales. Todos sabemos que no es fácil vivir con el salario mínimo actual. Pero, por desgracia, las políticas públicas deben hacerse desde la realidad. En Chile, en el año 2023, cuando el salario mínimo era de $460 mil, la mitad de la población ganaba menos de $602 mil, es decir que el salario mínimo era un 79% del salario mediano. Para las mujeres, este porcentaje fue de un 92%. En los países OCDE este porcentaje es del orden del 50%, muy inferior.

Este salario mínimo alto en términos de los salarios, en general, tiene un impacto en el empleo. Así lo dice un estudio del Banco Central, como el hecho que hoy, cuando la economía está creciendo cercano a lo que crecíamos en 2019, el desempleo es 8,9%, mientras que en 2019 este era de 7,2%; en personas, esto es 175 mil personas más. Para las mujeres, que por tener salarios menores, el salario mínimo les afecta más, el desempleo es de 10,1%. Con un salario mínimo de $750 mil, este representaría un 88% del salario mediano en Chile, lo que es predecible que agravaría el actual problema de desempleo.

Segundo, la eliminación de contribuciones. La propuesta de eliminar las contribuciones territoriales se presenta como un alivio al ingreso de los hogares, argumentando además que el dinero con el que se compró la vivienda ya pagó impuestos. Sin embargo, esto ignora que muchos impuestos, como el IVA, se pagan después de haber pagado por los ingresos personales. Además, en Chile, las viviendas con avalúo fiscal inferior a $57 millones (70% de los hogares) están exentas, lo que hace la propuesta regresiva, beneficiando principalmente a propietarios de viviendas de mayor valor.

Las contribuciones recaudan solo 0,4%-0,5% del PIB en Chile, frente al 1,9% en la OCDE, lo que indica que es una fuente de ingresos fiscales subutilizada. Si hay problemas en casos específicos como adultos mayores, una solución focalizada, como un tope al pago de contribuciones para adultos mayores, y el remanente que quede como deuda a ser pagada al venderse la propiedad, sería más equitativa.

En tiempos de elecciones presidenciales quisiéramos escuchar propuestas de políticas públicas, pero propuestas basadas en evidencia, y no ofertas de fin de temporada ni menos ofertas de soluciones mágicas que solo terminan dejando un país más pobre.