En momentos en que la inseguridad es una de las principales preocupaciones ciudadanas, llama la atención la actitud sistemática del Partido Comunista de oponerse a todos aquellos proyectos de ley o medidas judiciales y administrativas que busquen combatir con mayor eficacia la delincuencia, el crimen organizado, el terrorismo y la inmigración ilegal.

En las próximas elecciones, los ciudadanos deberán tener presente que nos enfrentamos a una resistencia casi doctrinaria del PC, y de su candidata, frente a cualquier iniciativa que busque endurecer penas, ampliar las atribuciones y el respaldo a las fuerzas policiales o implementar controles más rigurosos sobre el ingreso irregular al país.

¿Qué puede explicar esta actitud del PC? A la luz de los distintos debates, queda cada vez más claro que responde a una visión ideológica, que prioriza la desconfianza hacia el Estado por sobre la protección efectiva de las personas. El Partido Comunista sigue anclado en una lógica histórica en la que, incluso, el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado es visto con sospecha, como si toda acción estatal, en materia de seguridad, fuera una antesala del autoritarismo, salvo si ellos son gobierno por supuesto.

Tal vez pueden darse dos explicaciones para esta actitud del PC. Por una parte, esta posición puede haber tenido sentido en el pasado, justificada por la represión sufrida por sus dirigentes, pero frente a un nuevo escenario, dominado por el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el sicariato, resulta un tanto anacrónica.

Por otra parte, para el Partido Comunista, la delincuencia sigue siendo interpretada como una consecuencia de la desigualdad. Por lo tanto, para ellos aumentar penas o entregar nuevas herramientas al Estado es considerado como “populismo penal”, como una forma de aparentar acciones pero sin abordar las causas profundas. Fuera de tratarse de una idea equivocada e injusta, la delincuencia de hoy no es la misma de hace veinte años. Actualmente, se trata de bandas armadas, redes criminales transfronterizas, corrupción y territorios capturados y controlados por el narco. Seguir aplicando las mismas recetas o interpretaciones solo contribuye a la impunidad.

Lo mismo sucede con la inmigración ilegal. El PC se atrinchera en su retórica internacionalista, negándose a cualquier medida que limite el ingreso de extranjeros de manera irregular o facilite su expulsión cuando han cometido delitos, negándose a la necesidad de distinguir entre el migrante honesto que busca una vida mejor, de aquellos que pertenecen a redes que trafican personas o extienden sus delitos por la región. Su defensa de la inmigración ilegal es una forma de mantener la inacción, sin hacerse cargo del costo que eso implica para los barrios más pobres, que son los primeros en sufrir el descontrol y la violencia asociada.

La seguridad ciudadana no puede seguir siendo rehén de ideologías inamovibles. Es perfectamente posible defender los derechos humanos sin caer en la ingenuidad ni en la parálisis. El desafío de estos tiempos exige valentía, decisión y voluntad: proteger a las personas, fortalecer las instituciones y no ceder ante el miedo, pero tampoco ante el dogma. Y en eso, el Partido Comunista sigue demostrando que prefiere aferrarse a su ideología antes que escuchar a la ciudadanía, cada vez más angustiada por el avance del crimen organizado y la sensación de desamparo.

Patricio Dussaillant