El FES, proyecto que busca reemplazar el Crédito con Garantía Estatal (CAE), adolece, desde el punto de vista financiero, de tres problemas estructurales, que expertos y rectores han hecho ver sistemáticamente a la Subsecretaría, al Congreso y a la opinión pública .

El primer problema es que se trata de una reforma tributaria encubierta, lo que debería ser motivo suficiente para descartarla: el FES es un impuesto específico a los graduados de clase media, pero no ha sido abordado como tal. Por esto, no se ha sopesado su impacto en el mercado laboral y las conductas que induciría, comenzando por la informalidad.

El segundo es que la fijación de precios, que es parte de su diseño, traerá inevitablemente menos recursos para el sistema de educación superior, lo que afecta directamente la calidad de la docencia, la contratación de profesores e investigadores, la infraestructura, la innovación y la vinculación con el medio. Se entiende que, en un sistema financiado por el Estado, se establezcan límites a los aportes. Lo que no tiene ninguna explicación razonable, sin embargo, es que sea necesario prohibir el aporte que tradicionalmente han realizado las familias en la forma de copago, como lo hace el proyecto FES, salvo que lo que se busque sea, derechamente, aumentar el control estatal sobre las instituciones.

El tercero es que el informe financiero del proyecto no logra consenso en relación con los ingresos futuros que se lograrán por el cobro del nuevo impuesto y, por lo tanto, el déficit fiscal que podría generar. Sus supuestos son excesivamente optimistas, no hay un elemental análisis de sensibilidad de estos, y, además, pretenden que un 40% de los futuros profesionales desembolsen hasta más de tres veces el costo de su carrera, para financiar el sistema.

La experiencia reciente de Chile en materia de reformas estructurales mal hechas es dramática. El Transantiago iba a resolver el transporte público de la Región Metropolitana. Todos sabemos que no remedió nada y hoy le cuesta al país 2.000 millones de dólares al año. La Reforma Tributaria de 2014 iba a recaudar 3% del PIB para el fisco. No logró ni la mitad y resultó ser un factor determinante del estancamiento económico de Chile. La Ley de Inclusión iba a mejorar la educación escolar chilena y no solo no lo consiguió, sino que destruyó los liceos emblemáticos, que eran un factor de movilidad social para miles de familias. Lo menos que se le puede pedir a la autoridad es que proceda sin el apuro, casi sospechoso, con el que ha actuado hasta el momento en un tema tan delicado y determinante del futuro de nuestra sociedad.

La semana pasada, el Ejecutivo presentó indicaciones casi cosméticas al proyecto. Para la sorpresa de quienes se habían hecho altas expectativas al respecto, estas no resuelven ninguno de los problemas de fondo.

Por una parte, no se atiende a la principal demanda del Consejo de Rectores, que es reponer el copago. Por otra, del lado de los estudiantes, más que avances se observan retrocesos. Se establece un límite a los cupos del FES, por lo que ya no estará garantizado su acceso. Este es otro paso en la dirección equivocada, ya que la eliminación de todas las becas y créditos les quitó a los estudiantes que requieren apoyo cualquier otra alternativa para financiar sus carreras.

Finalmente, el tope al desembolso en exceso que las indicaciones proponen es de 3,5 veces el costo original de la carrera, después de pagar durante 18 años. Esto, además de tener un impacto despreciable —menos del 1% de los estudiantes podrían calificar—, no hace más que confirmar la naturaleza de impuesto del FES que, para equilibrar sus finanzas, requiere que los futuros profesionales de clase media paguen dos, tres y más veces el valor de los estudios que cursaron.

Las autoridades del Mineduc han declarado que existe acuerdo sobre la condonación parcial y reprogramación del CAE. Si ese fuera el caso, el Gobierno debería, en un acto de buena fe, separar el proyecto en dos. Porque lo que nadie discute es que el FES, por su mal diseño y por el grave daño que provocaría en la autonomía universitaria, no genera consenso alguno.

Federico Valdés
Rector UDD