En el ordenamiento jurídico chileno no se consagra el precedente jurisdiccional desde un punto de vista vinculante para futuras causas, las decisiones pasadas no obligan a los jueces en casos futuros; tampoco es obligatorio para los tribunales inferiores, acorde con el principio de independencia de la judicatura. Sin embargo, en la medida que un mismo tribunal siga sus propios precedentes, dota de coherencia a sus decisiones, además de cumplir con fines superiores como la igualdad ante la ley, la certeza y la seguridad jurídicas.

En los últimos años ha cobrado interés el estudio de la jurisprudencia, para comprender el razonamiento que un tribunal o un conjunto de ellos ha seguido para resolver casos similares a lo largo del tiempo, lo que permite entender a los operadores jurídicos y a la comunidad en general, la evolución en la interpretación de la ley, evaluar la coherencia y consistencia del sistema y predecir decisiones futuras, entre muchos otros objetivos.

De otra parte, el seguimiento de las líneas jurisprudenciales es consistente con la naturaleza de un tribunal de casación como es la Corte Suprema, pues su fin va más allá de la controversia particular. Se vincula con la exacta observancia de la ley en su significación general, y la interpretación del alcance que tiene como norma general y abstracta, aplicable a toda una serie indefinida de casos. En el ejercicio de la jurisdicción, una Corte Suprema está llamada a defender la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y también la unidad del derecho objetivo (Calamandrei, 1945).

Si bien en Chile no existe un precedente jurisdiccional obligatorio, cada vez es más necesario explicar las razones de las resoluciones judiciales por las que se condena o absuelve, se acoge o se rechaza una demanda, lo que además debe ser comunicado. El ciudadano tiene derecho a conocer las razones que justifican que una decisión contenida en una sentencia constituye una interpretación aceptable. Y al resolver de una misma forma casos iguales, se cumple con el principio fundamental de igualdad ante la ley e igualdad de trato.

Es por ello que se sostiene que el estudio de las líneas jurisprudenciales de un tribunal estimula la fundamentación de las sentencias y su publicidad (Accatino, 2003). La motivación pública de las sentencias adquiere el sentido de expresar un compromiso con las razones generales que fundan una decisión particular y cumple con una función instrumental a la certeza y previsibilidad del derecho.

Existe una permanente preocupación sobre cómo ir generando la mayor certeza jurídica para las personas con las decisiones de la Corte Suprema y de hecho es la forma en que se trabaja, buscando la coherencia horizontal, en el sentido de establecer líneas de decisión que en la medida de lo posible —pues requiere de situaciones fácticas similares— se mantengan en el tiempo y así seguir su propio precedente jurisdiccional. Si la línea jurisprudencial se modifica, por obedecer a un cambio de criterio de la Sala respectiva al interpretar y aplicar la norma jurídica, la igualdad ante la ley y la tutela judicial efectiva exigen una fundamentación suficiente que explique el porqué de la variación, pues de otro modo la actuación deviene en arbitraria, irreflexiva, caprichosa o interesada (De la Villa Gil, 2001).

Además, en los fallos se articulan argumentos que seguirán existiendo después de la decisión (Kahn, 2016). Este efecto expansivo es reconocido en nuestro ordenamiento legal de manera expresa en las acciones de protección del interés colectivo de la Ley del Consumidor; en el recurso de casación civil en que se permite que sea conocido y resuelto por el pleno de la Corte Suprema fundándose en haberse sostenido distintas interpretaciones sobre la materia de derecho objeto del recurso; y en similares términos, en el recurso de nulidad penal y en el recurso de unificación de jurisprudencia laboral.

En estos días la Corte Suprema ha ofrecido a la comunidad un nuevo sistema de Buscador de Fallos, con 250 mil sentencias del propio tribunal entre muchas otras, que es el resultado de dos años y medio de trabajo de un equipo liderado por quien suscribe en conjunto con la ministra Adelita Ravanales, herramienta que publicará de modo progresivo las líneas jurisprudenciales de todas las Salas del tribunal, con lo que se espera contribuir a valores fundamentales como la igualdad ante la ley, certeza jurídica y transparencia en el ejercicio de la jurisdicción.

María Cristina Gajardo Harboe
Ministra de la Corte Suprema