Señor Director:

Las reformas impulsadas por la exministra del Trabajo Jeannette Jara, como la reducción de la jornada a 40 horas, el alza del salario mínimo a $536.000 (con propuesta de llevarlo a $750.000) y el aumento de las cotizaciones previsionales del 10% al 17%, han sido presentadas como avances sociales. Sin embargo, sus costos económicos no pueden ignorarse.

Estas medidas elevan fuertemente los costos laborales, afectando especialmente a las pymes y dificultando la creación de empleo formal. Chile enfrenta un desempleo cercano al 9% y una informalidad creciente: en el último año, el 61% de los nuevos empleos fueron informales, elevando la tasa a 27,6%. Así, más del 36% de la fuerza laboral —entre desempleados y trabajadores informales— queda excluido de los beneficios prometidos.

Aunque la exministra ha restado responsabilidad a estas reformas en el alza del desempleo, estudios del Banco Central muestran que encarecer el trabajo reduce contrataciones y fomenta la informalidad. Elevar las cotizaciones sin beneficio inmediato al trabajador opera como un “impuesto al empleo”, con efectos adversos. Según Clapes-UC, subir la cotización patronal a 16% podría costar hasta 150 mil empleos formales en el largo plazo, lo que afecta, además, la recaudación tributaria.

Las reformas deben equilibrar protección laboral con sostenibilidad del empleo formal. Hoy, una de cada tres personas queda fuera de ese equilibrio. No basta con buenas intenciones: se requiere un debate técnico y amplio que priorice la inclusión y evite que los costos de las políticas terminen dañando a quienes se busca ayudar.

Jorge Claro Mimica
Ingeniero civil y comercial