La Encuesta Casen entrega información fundamental y única para el país en distintos ámbitos. Permite responder preguntas como: ¿Cuál es la proporción de niños(as) y jóvenes que asiste a establecimientos educacionales en los distintos grupos etarios? ¿Se ha producido finalmente una recuperación de la cobertura educacional de los niveles prepandemia?, o bien, ¿cuál ha sido la evolución de la tasa de atención médica a nivel del país y las regiones y el avance en la cobertura del GES?

En materia de vivienda, en tiempos como los actuales, resulta fundamental contar con una estimación actualizada del déficit habitacional, que se puede calcular con los datos de Casen. Con los datos de esta encuesta es posible analizar la evolución de indicadores en el ámbito laboral, la desigualdad de ingresos, los cambios en los hogares, la participación de la población extranjera en distintas áreas, la evolución de las políticas públicas y, por supuesto, la pobreza y sus distintas dimensiones, entre otras.

Los resultados de Casen 2024 eran esperados dentro del presente mes de julio, tal como había ocurrido en las entregas de las dos versiones anteriores (Casen 2020 y 2022). Unos días atrás el Ministerio de Desarrollo Social y Familia indicó que la entrega de estos resultados se pospondría hasta enero de 2026 argumentando el trabajo que se requeriría para analizar las recomendaciones y para incorporar los ajustes que se adoptarían del informe de la Comisión Asesora para la Medición de la Pobreza.

Considero que esta decisión es equivocada. En primer lugar, por una cuestión formal pero, al mismo tiempo, institucional. Un anuncio de esta naturaleza debiera haberse hecho con anterioridad al acceso a las bases de datos del levantamiento (con los resultados) por parte del ministerio, es decir, al menos antes de marzo de 2025. Por otra parte, existe un panel asesor externo que acompaña el proceso Casen y que debería haber participado en decisiones como las que se mencionan. Se trata de una decisión extemporánea que, al mismo tiempo, debilita la institucionalidad y la credibilidad de una medición tan relevante para el país.

En segundo lugar, es equivocada porque opta por no entregar información en la multiplicidad de dimensiones de Casen hasta que la nueva metodología en el ámbito de la pobreza sea implementada. Es perfectamente posible cumplir con la entrega oportuna de los resultados de Casen en el presente mes, incluyendo la base de datos anonimizada (incluyendo ingresos con y sin correcciones) y dejar para enero de 2026 la entrega de los resultados oficiales con la nueva metodología para la pobreza por ingresos y multidimensional.

Aún es tiempo de reconsiderar esta decisión. Es un hecho conocido que el país se encontrará en elecciones presidenciales este año por lo que, al descuidar los aspectos formales aludidos previamente, se corre el riesgo de asociar estos dos eventos. Frente a ello, solo queda optar por la transparencia.

David Bravo