Aunque todavía faltan algunas semanas para la inscripción de los candidatos presidenciales, la campaña ya ha entrado en tierra derecha. En los tiempos que corren, los atributos blandos de los postulantes —como carisma o credibilidad— han demostrado ser poderosos, pero el contenido de sus programas de gobierno es fundamental para que la ciudadanía pueda evaluar sus planes de acción.

Dentro de esos planes, los planteamientos económicos son especialmente relevantes, no solo por la importancia que hoy los votantes asignan al dinamismo económico y las oportunidades laborales, sino también porque reflejan en buena medida la visión de país que se quiere impulsar. En esta elección parece evidente que parte del debate estará centrado en el rol del Estado versus el sector privado como promotor del crecimiento y del empleo, aspecto donde las principales candidaturas difieren abiertamente.

Otro tema fundamental es el compromiso con mantener una situación fiscal sólida, considerando el deterioro de los últimos años. En esta elección las promesas de gasto de los candidatos deberán ser auscultadas con una atención inédita en décadas, toda vez que los límites a la acción del gobierno son hoy, objetivamente y en el mejor de los casos, muy restringidos. En efecto, si hasta tal vez la elección del Presidente Boric las propuestas de gasto tenían pocos bordes, y era usual plantear que serían financiadas con alzas de impuestos que supuestamente no perjudicarían la actividad, la realidad ha terminado de echar por tierra tales apuestas. Hoy ya es claro que las reformas tributarias no han aumentado la recaudación como porcentaje del PIB, pero en cambio, han contribuido a desacelerar el crecimiento y, como las promesas de gasto sí se han materializado, la deuda pública ha subido sustancialmente, alcanzando sus límites prudenciales.

Por eso, ahora no hay ya espacio para promesas responsables de aumento de gasto y tampoco para alzas de impuestos que sean neutras en términos de actividad económica. Y así, por primera vez, el riesgo del populismo aparece con tanta claridad. Este riesgo alcanza a todas las candidaturas, cuyas promesas pueden no ser coherentes con retomar la senda de la responsabilidad fiscal y, al mismo tiempo, promover el crecimiento.

Importante rol deberá cumplir el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en esta nueva etapa. En los últimos meses, ha sido evidente la tensión entre sus aprensiones y la visión del Ejecutivo, lo que hacia adelante probablemente se acentúe. Cautelando la institucionalidad que lo rige, y sin pretender evaluar las implicancias fiscales de las diferentes candidaturas, el CFA deberá mantener objetividad y rigurosidad para evitar que el frágil equilibrio fiscal actual ceda a promesas populistas.