Los largos años de militancia de Jeannette Jara en el Partido Comunista son un indicador suficiente respecto de su visión sobre el funcionamiento económico y el rol dominante que esa visión le asigna al Estado. Tal mirada se ve plasmada en su programa para las primarias, denominado “Plataforma programática justa, segura y próspera”, pero también en otras instancias, como su participación reciente en la presentación del libro “Apuntes para superar el neoliberalismo”, editado por el senador Daniel Núñez (PC). Más allá de que las negociaciones con otros partidos de izquierda contribuyan a morigerar el programa definitivo, los planteamientos allí contenidos son reveladores de la visión concreta de la candidata comunista.

En lo fundamental, los mensajes no difieren de los enfatizados en el programa de gobierno original de Gabriel Boric y de lo que fueron los debates de la fallida Convención Constitucional de 2021-2022. Según esta visión, serían dos los grandes problemas económicos que enfrentaría Chile: un problema de estructura de producción y otro de concentración. Ambas ideas se sintetizan en el cuestionamiento al “modelo neoliberal, rentista y primario exportador” que regiría en nuestro país, y apuntan a la falta de sofisticación que caracterizaría nuestra economía, basada, entre otras cosas, en un sector empresarial que estaría cómodo en su posición y por lo tanto poco dispuesto a innovar, lo que redundaría en rentas excesivas para el capital y en abusos generalizados contra la población.

Lo anterior lleva a la candidata a afirmar que “nuestro modelo económico actual ha sido ineficaz en darles respuesta a las grandes mayorías”, de lo que se deduce la necesidad de transformarlo profundamente. Esta hipótesis —que no es sino la que subyace a la crítica contra “los 30 años” que tanta fuerza adquiriera en los días del estallido— desemboca en el planteamiento de fórmulas para generar un “nuevo modelo”, que en rigor no son más que las viejas propuestas estatistas e interventoras que sostenía la izquierda antes de su proceso de renovación, hace casi 50 años. Así, para Jara, el PC y la izquierda en general, lo que Chile requeriría sería una acción decidida del Estado en la economía, para de este modo sofisticar la producción y agregar valor a las exportaciones; todo ello, claro, sin describir mayormente de qué modo concreto tal intervención surtiría el anhelado efecto de llevar al país a un estadio superior de desarrollo. La falta de capacidad que hoy muestra el Estado para responder a sus obligaciones más básicas en educación, salud y seguridad parece suficiente evidencia respecto de la imposibilidad de que pueda además asumir una tarea tan ambiciosa como la de pasar a ser nada menos que el motor del desarrollo.

En cuanto a la mirada crítica hacia el sector empresarial, los cuestionamientos respecto de lo que sería una falta de capacidad para innovar y una insuficiente competencia llevan a concluir —siempre según esta mirada— la necesidad de más impuestos, regulaciones y permisos. Se desconoce así que las regulaciones excesivas no solo dificultan la innovación, sino que básicamente benefician a las empresas grandes, en contradicción con todo el discurso propymes que ha sostenido la candidata. En efecto, la concentración económica crece cuando —por la vía de la regulación— se introduce un exceso de costos fijos que solo pueden ser asumidos por las empresas de mayor tamaño. Y es que las regulaciones extremas, lejos de incentivar la competencia, representan un impuesto especialmente oneroso para empresas pequeñas y medianas, minimizando sus posibilidades. Es, por el contrario, una mayor apertura, que facilite el emprendimiento y la competencia —y no una mayor regulación ni un más fuerte protagonismo estatal—, lo que puede contribuir a dinamizar la economía. La experiencia de la última década, en que malas reformas —incluidas algunas impulsadas por la propia Jeannette Jara como ministra del Trabajo— han ralentizado la actividad y golpeado la creación de empleo, es una muestra de los costos de equivocar el camino.