La gratuidad en la educación superior se aprobó en 2015, sin votos de la oposición de entonces. De acuerdo con el Informe Financiero (IF) del proyecto de ley, cuando se cubriera a los seis primeros deciles, el costo fiscal sería cercano a los US$ 1.000 millones. Pues bien, el costo estimado para este año es de US$ 2.500 millones, muy superior a lo presupuestado. El resultado: Chile es el país de la OCDE que más gasta en educación superior en términos del PIB, sin que haya habido cambios relevantes en cobertura. Tampoco ha mejorado la inserción laboral de jóvenes, ni sus ingresos laborales. En definitiva, una muy mala y cara política pública, que ojalá podamos modificar más temprano que tarde.

Ahora sus creadores frenteamplistas vuelven con otra peor aún; el FES (Fondo de Educación Superior), que, con la excusa de resolver los problemas del CAE, establece aquello que siempre han defendido, el impuesto a la renta de los graduados. Pero no solo eso, de pasada busca eliminar el copago para el 90% de los estudiantes, reduciendo los recursos a las instituciones de educación superior, y haciéndolas depender casi exclusivamente del financiamiento estatal. Es, de alguna forma, replicar lo que ya hicieron con la educación escolar, que le ha costado al fisco cerca de US$ 2.500 millones anuales, sin que se observe ninguna mejoría en la calidad, ¿o un aumento marginal en el puntaje Simce de 4{+o} básico era el objetivo que buscaron y deberíamos darnos por satisfechos?

El proyecto del FES se encuentra ahora en la Comisión de Hacienda, donde se discute el IF del mismo. Me ha tocado participar en una mesa de asesores de los diputados en la cual, con mucha gentileza, la Dipres ha intentado explicarlo, lo que no es una tarea fácil en lo absoluto. La complejidad es tal, que alguien mal pensado podría considerar que es parte de la estrategia para lograr la aprobación en esta instancia. He hecho enormes esfuerzos por entender cómo se logra el casi milagro de que el reemplazo del CAE por el FES le genera una holgura financiera al fisco, mayores ingresos para las instituciones de educación superior y menor costo para la gran mayoría de los estudiantes. ¿Quién paga entonces? Porque en esta materia los milagros no existen, por el contrario, las reformas educacionales de los gobiernos de izquierda han sido de altísimo costo para los contribuyentes, sin ningún beneficio claro.

¿Por qué el FES generaría una mejoría en la situación fiscal? Aunque en el IF “los árboles no dejan ver el bosque”, finalmente la explicación radica en algo muy simple; el CAE mayoritariamente no se paga (no es extraño luego de una década de anuncios de condonación), y el FES sí se pagaría, porque se mejorará el sistema de cobranza. El Gobierno estima que ahora sí será exitoso, y supone además que aquellos estudiantes que terminarían pagando vía impuesto a la renta varias veces su carrera, igual van a participar del sistema.

Probablemente, en materia de cambiar la cobranza, se podría avanzar con pleno acuerdo. Se habla de sacar a la banca, parece evidente, a pesar de que en la práctica ya salió; solo BancoEstado sigue otorgando el CAE .Si se estableciera que la educación superior se financie con un crédito estatal contingente al ingreso y con interés subsidiado, cobrado a través del SII y la Tesorería, se podría lograr un acuerdo amplio. En cambio, la implementación de una reforma tributaria encubierta, que sigue esa lógica perversa de la autocontención, con impuestos y subsidios cruzados dentro de un grupo o sector específico, difícilmente será una política que logrará apoyo mayoritario.

Pero lo más grave del FES no es su costo ni su diseño, sino el retroceso que implica en libertad de educación. Porque, ¿qué tipo de libertad puede existir en la educación superior cuando más del 90% del financiamiento proviene del Estado, que fijaría las vacantes y los aranceles? Se trata de más de cinco mil programas en las cerca de 150 instituciones de educación superior.

Tal como ya ocurre en el sistema escolar, donde solo un grupo muy reducido de familias puede pagar el 100% del costo y optar, en conjunto con el colegio, por un proyecto educativo acorde a sus convicciones, en la educación superior podríamos terminar con un puñado de instituciones de élite y excelencia a las que solo accederán los estudiantes de mayores ingresos. ¿Ese es el modelo inclusivo y no segregado que se busca con el FES? Claramente, no; el objetivo parece ser otro.