Las últimas semanas han traído buenas noticias para la Fiscalía Nacional Económica (FNE). A fines de mayo, la Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra el Canal del Fútbol (CDF, hoy TNT Sports) por abuso de posición monopólica en el mercado de la transmisión en vivo y en directo de los partidos del Campeonato Nacional de Fútbol Profesional. Las prácticas denunciadas por la FNE, que fueron consideradas ilegales, incluyen la imposición del CDF a los cableoperadores, de un precio mínimo de reventa y de limitaciones a las promociones; mecanismos que, de acuerdo con la Corte Suprema, “producen únicamente el efecto de impedir la libre fijación del precio del producto o de las condiciones de su venta en razón de la oferta y la demanda, restringiendo la competencia aguas abajo en perjuicio de los consumidores finales”. La multa, confirmada por el máximo tribunal, asciende a 28 millones de dólares.

A comienzos de junio, a partir de un requerimiento de la FNE, el TDLC condenó al Banco de Chile y a Consorcio por la participación simultánea de Hernán Büchi como director y ejecutivo relevante en ambas empresas competidoras. La multa asciende a 5 millones de dólares, los cuales se suman a los pagos obtenidos por la FNE en conciliaciones con Falabella y Hernán Büchi en el mismo caso, por 1,6 millones de dólares. Se trata de un caso de “interlocking”, figura que surgió en Estados Unidos y que se contempla en las leyes antimonopolios de ese país desde 1914. El “interlocking” se produce cuando un miembro del directorio o un alto ejecutivo de una empresa es miembro del directorio o alto ejecutivo de otra empresa que compite con la anterior. La regulación del “interlocking” se incorporó a la normativa chilena de competencia en 2016 y esta es la segunda condena del TDLC por esta conducta.

Por último, con fecha 9 de junio de 2025, la Corte Suprema confirmó la sentencia condenatoria en contra de una empresa del Grupo Disney por entregar información falsa a la FNE en la notificación de una operación de concentración, imponiendo una multa de 2,5 millones de dólares.

Estos exitosos casos muestran que la FNE se financia por sí misma: las multas mencionadas suman casi cuatro veces su presupuesto anual. Esto, a pesar de que, a diferencia de las superintendencias y otros entes reguladores y de fiscalización, la FNE no puede imponer sanciones, sino que debe requerirlas ante el TDLC y defenderlas ante la Corte Suprema, siendo objeto de un escrutinio profundo de cada uno de sus requerimientos.

Teniendo a la vista los éxitos anteriores, llama profundamente la atención que el presupuesto de la FNE sea hoy un 15% más bajo, en UF, que en 2018, que fue el año en que se encontraban en régimen las nuevas responsabilidades de la FNE producto de la reforma de 2016. La caída anual más grande de su presupuesto se produjo durante el gobierno anterior, en 2021, pero también hubo caídas durante el actual gobierno, el 2022 y el 2023.

Una FNE sin los recursos adecuados corre el riesgo de tener un exceso de rotación de profesionales, los que obtienen una formación de primer nivel en temas de competencia, pero que, al poco tiempo, ante la imposibilidad de tener una carrera atractiva en la fiscalía, emigran al sector privado. La falta de recursos también impide contar con las asesorías externas necesarias para llevar los casos. Los ítems donde ha disminuido el presupuesto de la FNE incluyen la contratación de estudios y expertos, y la dotación máxima de personal. Esta reducción es problemática, ya que la FNE requiere de recursos para enfrentar a privados que, generalmente, disponen de una capacidad financiera muy superior, producto, precisamente, de las ganancias sobrenormales que obtuvieron gracias a las conductas en litigio.

Actualmente, la FNE tiene varios casos en curso destacables. En abril de 2024, presentó un requerimiento en contra de Indura, Linde y tres ejecutivos, por haberse coludido en el mercado de gases industriales, medicinales y especiales, para mantener y no competir por los clientes con que contaban, al menos, entre noviembre de 2019 y enero de 2021. En su requerimiento, la FNE solicitó multas a las empresas y sus ejecutivos por un total de 33 millones de dólares.

Posteriormente, en octubre de 2024, la FNE acusó a Dreams, Enjoy y Marina del Sol, así como a cinco altos ejecutivos, de haberse coludido para afectar el resultado de las licitaciones de permisos de operación de casinos a nivel nacional, convocadas por la Superintendencia de Casinos de Juegos en 2020 y 2021. En su requerimiento, solicitó multas por un total de 151 millones de dólares.

En mayo de 2025, la FNE presentó un requerimiento en contra de Google por abuso de posición dominante, al haber impuesto en su sistema operativo Android diversas restricciones anticompetitivas en la distribución de aplicaciones y de bienes digitales de pago, al menos desde 2019. En su requerimiento solicitó multas en contra de Google por un total de 89 millones de dólares.

Por último, también en mayo de 2025, la FNE interpuso un requerimiento por colusión en contra de Delivery Hero (matriz de Pedidos Ya) y Glovo, por haber celebrado y ejecutado un acuerdo de reparto de mercados que involucró cuatro países, lo que causó la salida de Glovo de Chile en abril de 2019. La FNE solicitó multas por un total de 75 millones de dólares.

Cuando el crecimiento vuelve a jugar un rol central en la agenda pública, es fundamental que se promuevan las políticas de competencia. Una medida muy concreta que apunta en esta dirección es aumentar el presupuesto de la Fiscalía Nacional Económica. Se trata de un incremento que se financia con las multas que cobrará el fisco y, mucho más importante, que contribuye a un entorno económico con mejores productos y servicios, a un precio más bajo y que premia (y promueve) la creatividad y la innovación.