Con el título de una buena carta reciente de un destacado grupo de economistas, “Crecer es una estrategia, no un eslogan”, se abre la oportunidad de debatir algunas concepciones instaladas en la discusión pública y que, creo, subyacen al estancamiento económico de más de una década.

Una primera concepción plantea que Chile necesita una estrategia nacional de desarrollo, un proyecto país o un nuevo modelo económico. Entonces, se presupone un arquitecto de esa estrategia, proyecto o modelo: el Estado, una alianza con empresas y sindicatos, la academia o la sociedad civil. Pero esta idea no dialoga bien con la naturaleza del crecimiento económico, que es fruto de millones de decisiones descentralizadas adoptadas por empresas, emprendedores, ahorrantes e inversionistas. Decisiones que difícilmente pueden ser dirigidas u orientadas desde un proyecto país, menos aún en un contexto de cambio tecnológico acelerado.

Otra concepción distorsiona el rol de algunos de los protagonistas del crecimiento: empresas, emprendedores, inversionistas y ahorrantes. Algunos sectores los estigmatizan por buscar ganancias, como si fueran contrarias al interés general, o las igualan a rentas excesivas que, como si se tratara de un monto estático, deben ser redistribuidas por el Estado (guardando silencio cuando hay pérdidas). Otros exigen que las empresas respondan por igual a las demandas de múltiples grupos de interés, diluyendo el foco en su propósito central, que debe estar puesto en las personas que son sus clientes.

Estas miradas no dialogan con la esencia de la empresa: una organización que reúne personas, capital y tecnología para ofrecer bienes y servicios que resuelven problemas reales de sus clientes, asumiendo riesgos en entornos inciertos y buscando una ganancia legítima que retribuya ese esfuerzo. Una ganancia cuya sostenibilidad en el tiempo habilita relaciones responsables con trabajadores, proveedores, comunidades y el entorno natural.

De estas miradas han surgido políticas públicas tales como un sistema tributario que grava en exceso la ganancia empresarial, o restricciones que limitan el emprendimiento privado en espacios donde se proveen bienes públicos o “estratégicos”. En el caso del litio, por ejemplo, mediante una estrategia nacional que pone al Estado como conductor y protagonista. También surgen respuestas empresariales que, intentando empatizar con esa diversidad de demandas, arriesgan su ADN.

Una concepción más coherente con la esencia del crecimiento sostiene que este puede ser habilitado y regulado, más que diseñado o conducido desde el Estado. Desde esta mirada, emergerían políticas públicas que en vez de restringir el emprendimiento privado, promuevan una regulación inteligente, proporcional a los riesgos reales: asimetrías de información, amenazas a la competencia y externalidades negativas.

Que establezcan reglas claras para prevenir, corregir y sancionar malas prácticas que —como en toda organización humana— ocurren en empresas, así como en el Estado o la sociedad civil. Que diseñen un sistema tributario competitivo para la inversión y con una base de contribuyentes más amplia, donde los que más ganan pagan más y los que menos, reciben una transferencia directa del Estado. Que contemplen un sistema de formación y capacitación alineado con las demandas de la nueva economía. Y, en el caso particular del litio, que habiliten un sistema de concesiones abierto a empresas privadas o públicas, con reglas ambientales exigentes y royalties predefinidos.

Cabe preguntarse cuánto menos crecimiento —y por tanto, menos progreso— ha padecido Chile por el predominio poco desafiado de estas concepciones. Y cuánto más podríamos avanzar si el debate público promoviera políticas acordes con la esencia y complejidad del crecimiento y la empresa.

Bernardo Larraín