Señor Director:

En la carta titulada “Nada de ‘mordazas'”, la senadora Paulina Núñez y su colega Pedro Araya intentan explicar que una “sanción menor” por difundir información no constituye una amenaza a la libertad de prensa. Sin embargo, no lo consiguen.

En primer lugar, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 19) reconoce la libertad de expresión y el derecho a recibir y difundir información y opiniones. En Chile, el artículo 19 Nº 12 de la Constitución garantiza la libertad de emitir opinión e informar, sin censura previa. Por lo demás, nuestra legislación ampara el derecho al acceso a la información.

Creemos, al mismo tiempo, que es necesario establecer normas claras para las y los funcionarios que filtran información secreta o reservada. Pero castigar a las y los periodistas, incluso con “una sanción menor”, es simplificar el problema. Nosotros realizamos una función social: informar a la ciudadanía para que tome decisiones informadas. Esa es la razón por la cual nuestro marco jurídico protege a los periodistas universitarios titulados.

Coincidimos con los senadores en la necesidad de discutir estos temas y en que existe una colisión de bienes jurídicos. Sin embargo, esa tensión se produce en el marco de la ética de los profesionales de la información. Restringir derechos y libertades mediante sanciones, de cualquier tipo, constituye una limitación indebida e impropia.

Es más simple redactar una ley que sancione la divulgación de información que trabajar en una que devuelva la tuición ética al Colegio de Periodistas. Conversemos sobre esa base y busquemos el beneficio de las y los ciudadanos, y su derecho a estar informados.

Rodrigo Mundaca
Presidente del Regional Metropolitano, Colegio de Periodistas de Chile