Señor Director:

Aunque cueste creerlo, hace solo unos días supimos que el exsacerdote Felipe Berríos había estado siendo investigado por delitos de índole sexual en un proceso judicial que pasó completamente desapercibido. Más llamativo aún fue enterarse de que dicho caso, del que nunca supimos cuándo comenzó, ya había terminado mediante una resolución que incluso para muchos abogados resulta difícil de explicar: fue sobreseído, pero con hechos acreditados; sin pena corporal, pero con una sanción social y moral que ha generado profunda confusión en la ciudadanía.

Si bien nuestra legislación aún contempla la aplicación del sistema de justicia penal antiguo para investigar y juzgar hechos ocurridos con anterioridad al año 2005, a la luz del 2025 vale la pena preguntarse: ¿son legítimos dichos procesos?

Uno de los aspectos más controversiales de este sistema es que el mismo juez que investiga es quien termina juzgando. No resultando razonable esperar que quien ha construido activamente una hipótesis de los hechos, tenga luego la imparcialidad necesaria para valorar la prueba de forma tal que, de ser el caso, desestime su propia tesis. Esta problemática se hace aún más evidente si lo analizamos bajo la óptica del sistema penal actual. ¿O acaso alguien cree que Cathy Barriga, por ejemplo, estaría de acuerdo con que la fiscal que la investiga sea también quien la juzgue?

Otro problema que, a mi juicio, deslegitima el sistema antiguo es el perverso incentivo a “condenar” reputacionalmente. Lo anterior se explica porque todos los casos que investiga el sistema antiguo están prescritos debido a la antigüedad de los hechos. Pudiendo caer el juez en la tentación estructural de favorecer simbólicamente a las víctimas, condenando sin condenar, dejando a la defensa en una desventaja estructural.

A contrario sensu, el proceso penal vigente, con todos sus defectos, ha logrado establecer límites claros: quien investiga es el Ministerio Público y quien juzga es un juez imparcial, división esencial para cualquier modelo de justicia moderno.

Con todo, el antiguo sistema penal no solo está obsoleto, sino que resulta incompatible con los principios más básicos del debido proceso contemporáneo, que son la imparcialidad, publicidad y contradicción.

Nelson Salas Stevens
Abogado