Es conveniente observar nuestros debates de políticas públicas y preguntarse si contribuyen a un mejor desarrollo para el país.

A fines de mayo, el ministro de Hacienda expuso en un evento organizado por Sofofa argumentando que se podría sostener que Chile “está en camino de elevar su potencial de crecimiento”. Al mismo tiempo invitaba a preguntarse “cómo consolidar y proyectar la inflexión que se ha comenzado a experimentar en varias dimensiones de la economía en los últimos años”. La mayor parte del debate posterior se ha centrado en sembrar dudas sobre los indicadores usados como, por ejemplo, la validez de considerar el PIB per cápita; y a cuestionar el posible cambio de tendencia.

A mi juicio, la posibilidad planteada por el ministro de elevar el crecimiento debería dar pie para un debate centrado en lograr que el país consiga elevar su crecimiento y discutir cómo se consolida y cómo se hacen realidad las señales positivas que se quiere identificar. Convendría discutir cómo darles fuerza a las reformas necesarias para eliminar las evidentes trabas a la inversión. También ayudaría denunciar a aquellos que siguen usando su autoridad en servicios públicos para hacer valer las ideas del “decrecimiento” que dominaban en el primer tiempo de este gobierno.

El debate sobre cómo lograr un mayor crecimiento debería indagar en las causas por las que no se llevan a la práctica los buenos diagnósticos y recomendaciones realizadas por varios estudios de la Comisión de Productividad y de otras comisiones especializadas, así como de asesorías internacionales. ¿Se trata de falta de voluntad política o de intereses que las bloquean? Los diagnósticos y recomendaciones abundan. Falta el liderazgo para impulsar los cambios y vencer las resistencias.

Algo similar podría decirse de lo que sucede en materia de déficits y endeudamiento fiscal. Afortunadamente nadie discute, ni el Gobierno ni los líderes de oposición, que se necesita con urgencia corregir la situación fiscal y frenar el ritmo de endeudamiento. Pero el debate sigue atrapado en identificar culpables más que en impulsar y apoyar la implementación de las iniciativas para reducir gastos y promover el crecimiento económico que constituye la principal fuente para generar mayores ingresos del Estado.

Por último, es ilustrativo examinar lo sucedido con las licencias médicas. Hace mucho tiempo que es evidente el abuso y las malas prácticas en materia de licencias. Una muestra de ello es el aumento en el número de licencias otorgadas por año, las que pasaron desde un promedio de 7 por cada 10 cotizantes en 2013 a 10 en 2019 y a más de 14 por cada 10 cotizantes en la actualidad. A esto se sumó el aumento en la duración de las licencias, con lo cual los días de licencia por cotizante más que se duplicaron en este período. Como consecuencia de este abuso, en Fonasa se ha llegado a gastar más de la mitad del 7% de cotización obligatoria para la salud en el pago de licencias, resultado de lo cual quedan cada vez menos fondos para financiar las prestaciones médicas.

Fue gracias al lapidario informe de la Contraloría que quedó en evidencia el grado de abuso al que se ha llegado en estas materias.

Lo que quiero destacar es la incapacidad del sistema político para responder oportunamente a este problema. En el mismo mes en que se conoció el informe de Contraloría , se publicó la Ley N°21.746, que refuerza las facultades de fiscalización de los organismos involucrados y establece o aumenta las sanciones administrativas y penales frente al mal uso de las licencias, modificando una norma con el mismo fin vigente desde 2012.

Lo que llama la atención es que esta modificación legal fue propuesta al Congreso en marzo de 2022 y demoró más de tres años en convertirse en ley. Sin duda, un período excesivo a la luz de la realidad que se ha denunciado. Todo esto obliga a examinar cómo mejorar la capacidad del sistema político para abordar problemas que se acumulan y se arrastran.

La gestión de las políticas públicas requiere de mayor velocidad de respuesta y de una ejecución de excelencia. El debate y la gestión de las políticas públicas requieren de más cooperación para buscar soluciones, sin quedarse en los puntos que dividen y enfocándose en aquellos donde hay espacios de coincidencia para dar respuesta oportuna a los problemas y aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Sin esto el país no saldrá del estancamiento, mientras se debilita la credibilidad y la posible contribución de debates que terminan volviéndose estériles, desperdiciando la capacidad profesional y técnica con que cuenta nuestro país.

José Pablo Arellano Marín