“Chile condena este ataque de EE.UU.”. Con esta escueta frase, el Presidente Gabriel Boric reaccionó a la noticia —a esa altura aún no verificada por organismos independientes— del supuesto bombardeo de centrales nucleares en Irán por parte de Estados Unidos. Junto con recordar que “atacar centrales nucleares está prohibido por el Derecho Internacional”, el mandatario activó, nuevamente, una línea comunicacional impulsiva que, lejos de fortalecer la posición internacional de Chile, la compromete.

Porque en política exterior, y más aún en escenarios de alta tensión global, no solo importan las convicciones: importan el momento, el lenguaje, la exactitud y los canales. Ninguno de estos factores estuvo presente en la declaración del Presidente.

La política exterior chilena ha sido tradicionalmente reconocida por su sobriedad, su apuesta por el multilateralismo y su defensa de la no beligerancia. Estas características han permitido que un país mediano, sin poder militar ni influencia geoestratégica, logre proyectar una imagen de estabilidad, confiabilidad y respeto por el Derecho Internacional. Cada vez que el mandatario actúa al margen de esa tradición, impulsado por una reacción moral sin respaldo técnico ni coordinación diplomática, se debilita ese activo construido durante décadas.

Hay, primero, un problema de fondo: Chile no dispone de información de inteligencia independiente que le permita confirmar con certeza que el ataque afectó centrales nucleares civiles, protegidas por convenciones internacionales. En conflictos de alta densidad simbólica y propagandística como el de Medio Oriente, es esencial esperar la verificación de organismos multilaterales como la OIEA o las Naciones Unidas antes de emitir juicios categóricos. Adelantarse a esos mecanismos debilita la posición multilateral de Chile, desincentiva su rol como eventual mediador y proyecta una imagen de improvisación diplomática.

En segundo lugar, la comunicación fue torpe e imprecisa. Emitida a través de redes sociales, con un tono confrontacional y sin matices, la declaración presidencial ignoró los protocolos básicos del lenguaje diplomático: la cautela, la proporcionalidad y la precisión jurídica.

En vez de llamar a una investigación internacional, o de expresar preocupación por una posible vulneración del derecho humanitario, el Presidente optó por una condena directa, sin marco contextual ni respaldo institucional claro. El resultado: se tensionan las relaciones con un aliado clave como Estados Unidos y se genera confusión en los círculos diplomáticos internacionales, que esperan de Chile posiciones responsables y alineadas con el Derecho Internacional, no impulsos personales sin consulta.

Esto no es una anécdota aislada. Se suma a una serie de desencuentros generados por intervenciones presidenciales improvisadas: el impasse con Israel tras la demora en recibir a su embajador; los roces innecesarios con Argentina por la plataforma continental; los conflictos con Venezuela tras los dichos sobre crimen organizado; y los reproches públicos a Perú y Bolivia en foros multilaterales. En todos estos casos, la Cancillería debió salir a explicar, matizar o recomponer. Esa disonancia interna debilita la institucionalidad de la política exterior y deja en evidencia la falta de coordinación y de liderazgo estratégico.

Los efectos para Chile son múltiples. En el plano político, reduce su margen de acción en foros multilaterales. En el económico, tensiona relaciones con socios relevantes, afectando potenciales tratados, inversiones o cooperación técnica. En el plano simbólico, proyecta una imagen de país emocional e impredecible. Para una nación cuya influencia global se basa en su estabilidad y compromiso con el Derecho Internacional, estos son errores costosos.

La prudencia no es pasividad ni falta de principios. Es, precisamente, el mecanismo por el cual los principios se transforman en política eficaz. Boric puede tener legítimas preocupaciones por los abusos de las grandes potencias, pero expresarlas desde la jefatura de Estado exige más que 280 caracteres: exige información, coordinación, análisis jurídico y, sobre todo, visión estratégica. No se trata de renunciar a la ética, sino de entender que, en diplomacia, la ética mal gestionada también puede dañar.

Hoy, Chile necesita recuperar su política exterior como política de Estado. Una política que hable menos por reflejo, y más desde la inteligencia diplomática. Que defienda principios, sí, pero que lo haga con responsabilidad, sin sacrificar su neutralidad ni su capacidad de mediación. Porque en un mundo en crisis, decir lo correcto en el momento equivocado puede terminar siendo un error que se paga caro.

Juan Cristóbal Portales
Académico UAI