“Me gustaría que si hay un gobierno de derecha traten de no derribarlo y convertir al país en un maldito infierno”. La ya célebre frase del economista Óscar Landerretche, en la que sinceró sus dudas sobre el real grado de evolución, madurez y convicción democrática del Frente Amplio, tiene a estas alturas un doble mérito.

El más obvio es que removió el avispero en la izquierda y le subió en algo los decibeles a una primaria a la que, al igual que a estas mañanas invernales, le costaba tomar temperatura. El segundo, y más importante, es que explicitó con una claridad meridiana un temor que sigue presente en muchos chilenos: que si llega a ganar un gobierno de derecha existe una alta probabilidad de que la violencia y delincuencia callejera se reactiven.

Que vuelva el maldito infierno.

En la profecía potencial de Landerretche —y ahí está el mérito del concepto que hay detrás de su frase—, esto no ocurriría por arte de magia ni por combustión espontánea, sino por una gestión activa de sectores de izquierda que no admiten que un líder político de signo contrario se haga del poder por la única fuerza admisible en democracia: la de los votos.

Como resulta inaceptable que alguien como Matthei o Kast (tal como lo fue Piñera) controlen políticamente al país, podrían recurrir nuevamente a la calle y a la detestable práctica de los hechos consumados para debilitar al gobierno, llevándolo al límite, con el objetivo final e inconfeso de derribarlo. Un maldito infierno tan funcional como antidemocrático.

Ya lo hicieron en 2019, y la pandemia fue la guionista fortuita que torció la historia. Ahora podrían retomar el libreto, generando, promoviendo y activando las siempre espurias “condiciones objetivas” que tanto le gustan al lado siniestro de la política.

Todo el supuesto malestar social incubado durante tres décadas de injusticias y desigualdades ha estado hibernando plácidamente desde 2022 a la fecha: se acabaron las manifestaciones en Plaza Dignidad, Las Tesis cayeron en una profunda crisis creativa, los universitarios parece que encontraron entretenido volcarse nuevamente a los libros, y los secundarios (salvo convenientes excepciones) se pusieron a ver todo el día redes sociales en sus casas.

A nivel de expresión de rabia y descontento social, estos cuatro últimos años han sido una taza de leche.

Por lo mismo, es altamente probable que el maldito infierno sea el principal riesgo político-económico de 2026, si se parte de la base que el escenario también más probable es que gane un candidato de derecha, lo que podría volverse aún más probable si Jeannette Jara alza victoriosa su puño izquierdo la noche del próximo 29 de junio.

Afortunadamente, hay un elemento que diluye bastante la probabilidad de un nuevo maldito infierno. A diferencia del Chile de 2019, donde la violencia permanente, sistemática y radical —por favor, nunca nos olvidemos que en las primeras 24 horas se quemaron o vandalizaron 77 estaciones del metro— fue cándidamente confundida y validada bajo el eufemismo de legítimas demandas ciudadanas, hoy la mayoría de los chilenos dice haber aprendido la lección.

El apoyo al estallido está en niveles mínimos y la propensión al orden y la seguridad por sobre la libertad, como lo revela la última encuesta CEP de marzo-abril de este año, está hoy mucho más inclinada a lo primero que a lo segundo. En paralelo, y esto habría parecido una quimera hace apenas seis años, la PDI y Carabineros son las instituciones que tienen mayores grados de confianza por parte de la ciudadanía.

Pero diluir una probabilidad no es lo mismo que eliminarla. Y el maldito infierno sigue ahí: agazapado, potencial, latente, posible.

En círculos empresariales el tema se habla en voz baja. Casi como si pronunciar siquiera su posibilidad fuera causa de invocación. Y aunque no aparezca en los sesudos escenarios de riesgo de connotados bancos de inversión nacionales ni extranjeros, varios coinciden en que ese es, por distancia, el principal riesgo político-económico local de los próximos años.

A partir de este escenario, hay dos preguntas incómodas pero necesarias que deben hacerse los agentes económicos (y, por cierto, toda la ciudadanía que piense votar por la actual oposición): qué candidatura disipa en mayor medida el riesgo de sufrir un nuevo maldito infierno, y cuál de ellas está mejor preparada para combatirlo si la izquierda decide nuevamente desatarlo.

La respuesta a ambas la sabrá aquilatar en su fuero interno cada lector.

Cristián Rodríguez