Durante años, el mérito fue marginado del debate educacional, como si valorar el esfuerzo, la disciplina o la continuidad académica fuese algo excluyente o retrógrado. Se impuso un sistema rígido y automatizado que, en nombre de la equidad, terminó generando injusticias evidentes: familias que participaban activamente en una comunidad educativa quedaban fuera, alumnos con buen rendimiento no podían acceder a liceos de excelencia, y los proyectos educativos perdieron la capacidad de formar comunidades con sentido.

Esta semana eso cambió. Con la aprobación de la reforma al Sistema de Admisión Escolar (SAE) avanzamos hacia un modelo más justo, más transparente y más conectado con la realidad de las familias. Uno que no niega la equidad, pero que reconoce también el compromiso, la trayectoria y el derecho preferente de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos.

El primer gran cambio es la ampliación del número de liceos de alta exigencia. Hoy existen solo cuatro en todo el país. Con esta reforma y gracias a una flexibilización responsable de los requisitos, más de 250 establecimientos podrían acceder a esa categoría. No se trata de abrir la puerta a todos. Se trata de permitir que más liceos que hoy cumplen con condiciones exigentes, como resultados académicos, trayectorias institucionales y compromiso con la excelencia, puedan postular a este reconocimiento. Una vez declarados como tales, podrán seleccionar hasta el 80% de sus vacantes según criterios claros de mérito: rendimiento académico, asistencia a clases y comportamiento.

El segundo cambio apunta al sistema general de admisión, que afecta a la gran mayoría de los colegios del país. Hoy, estos establecimientos solo pueden aplicar un grupo reducido de criterios obligatorios (hermanos, alumnos prioritarios, hijos de funcionarios). La reforma mantiene tres criterios obligatorios, pero además entrega a cada sostenedor la libertad de aplicar hasta seis criterios voluntarios, seleccionados desde un listado oficial de diez, entre ellos continuidad educativa, revinculación con el sistema, participación de padres y apoderados en los encuentros públicos, cambios de región, entre otros. Incluso podrán proponer hasta dos criterios propios, siempre que sean autorizados por el Ministerio de Educación.

Esta selección de hasta seis criterios se aplicará una vez que hayan operado los tres criterios obligatorios, permitiendo así que los establecimientos prioricen de manera coherente con su proyecto educativo.

Además, se incorporan dos avances concretos que responden a situaciones comunes en las comunidades escolares. Primero, se amplía el derecho a subvención en casos de sobrecupo: si un curso alcanza los 45 alumnos, límite anterior para recibir subvención, ahora podrá recibir hasta 47 estudiantes sin perder financiamiento estatal. Segundo, se establece una atribución excepcional para los directores, quienes podrán, durante todo el año escolar y fuera de los períodos regulares de admisión, asignar vacantes en casos debidamente justificados, como traslados por trabajo, vulnerabilidad social sobreviniente o situaciones de bullying, hasta un 5% de los cupos originales del establecimiento. Por ejemplo, si un colegio ofreció 120 vacantes al inicio del proceso, podrá disponer discrecionalmente de hasta seis cupos para responder a estas circunstancias especiales.

Y quizás uno de los cambios más valiosos: se promueven jornadas de puertas abiertas para que las familias puedan conocer en persona los colegios, recorrer sus salas, conversar con sus profesores y entender su proyecto educativo. Porque elegir una escuela no debiese ser una apuesta a ciegas, sino una decisión informada, cercana y con sentido. Así, el sistema deja de tratar a los niños como números y vuelve a poner el vínculo humano en el centro.

La reforma al SAE no es un retroceso en equidad. Es un avance en sentido común. No anula el principio de inclusión, pero lo complementa con el derecho preferente de los padres, la libertad de los colegios para formar comunidades auténticas y el reconocimiento al mérito como motor de movilidad social.

Recuperamos el mérito. Fortalecemos la libertad. Y devolvemos a las familias la certeza de que su compromiso con la educación de sus hijos volverá a importar.

Gustavo Sanhueza
Presidente comisión de Educación del Senado Felipe Kast
Senador de la República