Lucía Santa Cruz expresó recientemente su preocupación por el fenómeno Milei, enmarcándolo en la tensión entre liberalismo clásico y libertarianismo. Sus inquietudes son legítimas, pero el escenario argentino exige una lectura diferente. Milei no irrumpe en un sistema estable, como Trump en Estados Unidos, sino en uno exhausto. No es una anomalía que perturba el orden, sino el producto final de su deterioro.

Argentina no atraviesa una crisis de gestión. Lo que colapsó es el dispositivo político, económico e institucional que durante décadas organizó —mal que mal— la vida pública. No se trata ya de corregir errores: se trata de enfrentar el agotamiento de un modelo que produjo uno de los derrumbes sociales más profundos que haya conocido el mundo en tiempos de paz.

El gradualismo dejó de ser, por lo tanto, una opción. Las soluciones elegantes, esas que durante años sirvieron para administrar la postergación, hoy resultan impotentes. Y el radicalismo dejó de ser un exceso ideológico: se volvió una necesidad táctica. La moderación, que en otros contextos todavía puede presentarse como virtud, aquí aparece como un lujo reservado a sistemas que aún funcionan.

El proyecto de Milei se articula sobre tres pilares: la radicalidad reformista como mandato moral, la confrontación como modo de conducción política, y un apego estricto —aunque tenso— a la legalidad institucional. No hay ruptura del orden constitucional, pero sí voluntad explícita de desafiar las rutinas que lo vaciaron de eficacia. La transformación genera fricciones inevitables con el statu quo y con las instituciones que deberían vehiculizar ese cambio. Esas tensiones se organizan en tres planos: el fondo (la magnitud de lo que se quiere transformar), las formas (una retórica provocadora) y la ley (el marco que habilita, pero también restringe).

La hipótesis del mileísmo es clara: los consensos previos a la acción reformista ya no garantizan gobernabilidad, son un freno. La experiencia lo demuestra. Las reformas negociadas se licuan, pierden potencia, y terminan revertidas antes de generar efectos. La velocidad y profundidad no son atributos ideológicos, sino herramientas de supervivencia. Como en una cirugía mayor: si el tumor es profundo, el bisturí no puede ser tímido. El dolor es inevitable. Lo decisivo es que se perciba como parte de una cura, no como recaída de una enfermedad crónica.

Pero no basta con extirpar lo patológico. El objetivo es evitar su regeneración. La “casta”, en la visión de Milei, no designa simplemente a una élite política: es un sistema de incentivos, privilegios y complicidades que coloniza el Estado y reproduce el fracaso. Para desmontarlo, no alcanza con modificar políticas públicas. Hay que intervenir en los procedimientos, en la lógica misma de cómo se construye el poder. De allí que el consenso no pueda ser el punto de partida: debe ser el resultado.

Esa lógica de inversión se traslada al terreno discursivo. La confrontación no es desvío del estilo presidencial: es su núcleo. No se trata de convencer al adversario, sino de galvanizar al propio. La polarización no es derivación emocional, sino diseño estratégico. La indignación se transforma en identidad, y el grito en herramienta de autoridad. En ese registro, la moderación se vuelve sinónimo de estancamiento, y la provocación, una forma de avanzar.

Sin embargo, a pesar de su estética disruptiva, Milei no opera fuera del orden constitucional. Su proyecto se apoya en mecanismos legales que explota al máximo. El DNU 70 y la Ley de Bases son ejemplos claros: medidas que buscan reformar el Estado con rapidez, pero sin romper las reglas formales. Las iniciativas generaron rechazo y judicialización, pero el gobierno acató los fallos, corrigió el rumbo y volvió a presentar sus proyectos al Congreso.

El experimento mileísta es de alto riesgo, pero no improvisado. Busca reordenar el sistema de poder, romper lógicas clientelares, y anclar la legitimidad en libertad y competencia. El mayor desafío no es técnico, sino temporal: lograr que los resultados lleguen antes de que las resistencias se conviertan en mayoría organizada.

Los primeros indicadores acompañan: el tipo de cambio se estabilizó, la inflación comienza a retroceder, y ciertos sectores económicos insinúan un rebote. Pero el éxito del proyecto no será meramente económico. Su verdadero triunfo radica en lograr que la reforma se institucionalice. Que deje de ser emergencia para convertirse en normalidad. Que la confrontación —por ahora necesaria para sostener la tensión— pueda dar paso a una integración del cambio en las estructuras permanentes del sistema.

Allí vuelve a tener sentido la advertencia de Santa Cruz. Si Milei logra consolidar un nuevo orden, ¿será uno regido exclusivamente por el mercado? ¿O emergerá una ciudadanía que, superada la emergencia, vuelva a reclamar bienes públicos, derechos y cohesión social? Tal vez entonces, con la crisis bajo control, el liberalismo clásico —aquel que equilibra libertad económica con justicia y orden institucional— vuelva a ser opción real. Un equilibrio improbable hoy, pero no necesariamente inalcanzable mañana.

Alberto Ades
Abogado (UBA), doctor en Economía por la Universidad de Harvard