No es pereza legislativa, sino algo peor: negativa a legislar. Es lo que pasa cada vez que se deja sin tramitar, y menos pronunciarse, sobre proyectos de ley que, según se pretende excusar, tratan de iniciativas “conflictivas” o que simplemente “dividen las opiniones”. ¡Vaya parlamentarios si esos son los motivos para eludir hacerse cargo de proyectos de ley que, cumplidos a veces ya uno o más trámites constitucionales, se niegan a discutir una iniciativa del Ejecutivo a la que se han puesto nada menos que 38 urgencias en el Senado! Otro pretexto habitual para ese tipo de artimañas es eludir hacerse cargo de una propuesta legislativa porque no es oportuno legislar en tiempos preelectorales, o sea, casi siempre, o porque los llamados temas “valóricos” son muy “complicados”.

Me estoy refiriendo al proyecto que modifica la ley 20.584, que regula derechos y deberes en relación con acciones concernientes a la salud de las personas. La iniciativa se encarga de otorgar cuidados paliativos a pacientes que se encuentran en estado terminal, y de reconocer la legalidad de la asistencia médica para morir si así lo pide un paciente del todo irrecuperable y que sufre dolores persistentes e intolerables que ya no pueden ser aliviados en condiciones que se estimen aceptables.

¿Acaso no se puede debatir sobre una materia como esa y hacerlo en ambas ramas del Congreso? El mencionado proyecto ingresó a la Cámara de Diputados hace su buen tiempo, donde fue ya aprobado y despachado al Senado en 2021. Y como si algo así no importara para nada, hasta ahora en el Senado se han efectuado solo dos sesiones para tratar de llegar a acuerdo en la comisión de Salud, pero no sobre contenidos del proyecto antes aprobado por los diputados, sino únicamente para concordar en cómo llevar adelante la discusión todavía pendiente, y esto no obstante que el Ejecutivo le ha puesto tal cantidad de urgencias. Ahora no quedó más que ponerle discusión inmediata.

En el Senado el proyecto no ha tenido discusión en general. Es más: ni siquiera ha sido discutido, porque, en esas dos únicas sesiones de la comisión de Salud de la Cámara Alta, solo se ha conversado sobre cómo llevar adelante una discusión que tiene cuatro años pendiente.

La reciente decisión del Ejecutivo de poner discusión inmediata al mencionado proyecto en el Senado tuvo inicialmente el plazo habitual de 6 días, ya cumplidos, de manera que esa urgencia tuvo ahora que ser repuesta, venciendo el 17 de este mes.

Una vez que empiece su tramitación en el Senado, la iniciativa va a dividir las opiniones, pero una cosa es que se dividan y otra que ni siquiera se emitan. ¿Hasta cuándo durará el silencio de los honorables? Ha habido un largo debate público sobre la materia, pero fuera del Senado. Hay también encuestas de opinión pública, incluso entre los médicos, aunque son las cámaras legislativas —ambas— las que tienen que tomar decisiones colectivas y vinculantes para todos.

La “modernización” que se nos atribuye en Chile no puede llegar solo hasta la desregulación de los negocios e inversiones. En sede legislativa se pueden dar buenas o malas razones, tanto pro como en contra de un proyecto ya en tramitación, escuchando a la ciudadanía, y también opiniones de especialistas, pero lo que no resulta aceptable, y menos aun digno, es rehusarse a legislar.

Sabemos cuántos obstáculos les han sido puestos por sectores ultraconservadores a parecidos proyectos de ley que una minoría ha querido dejar en el congelador, pero la nueva discusión inmediata impedirá esta vez que siga cerrada la puerta del frigorífico.