Agregan una nueva dimensión sobre la violencia en Estados Unidos los atentados por motivaciones políticas contra dos congresistas demócratas del estado de Minnesota, los que costaron la vida a uno de ellos y a su cónyuge, y dejaron gravemente heridos al otro y a su mujer. El doble homicidio ocurre cuando ha transcurrido menos de un año desde el intento de asesinato del hoy Presidente Donald Trump, hecho que terminó con el atacante y un espectador muertos. Los agresores en ambos casos, de posiciones políticas opuestas y sin antecedentes criminales, actuaron en solitario y fuertemente armados. Frente a la repetición de estas situaciones, inquieta la combinación de fanatismo político y violencia de la que dan cuenta, fenómenos agravados por la sostenida laxitud de las regulaciones estadounidentes sobre armas letales.

Fracasados han resultado, en efecto, los reiterados esfuerzos para restringir la venta, tenencia y porte de armas de fuego, por la resistencia de sectores tanto dentro del Partido Republicano como en el Demócrata, y por la influencia de la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA). De hecho, en 2004 se derogó la prohibición de venta de fusiles de asalto, mientras que en el controvertido proyecto misceláneo de presupuesto fiscal actualmente en trámite se incluye una propuesta para eliminar la multa de doscientos dólares por venta y tenencia de silenciadores. Solo en 2024 se vendieron sobre 16 millones de armas en Norteamérica y se registran 106 armas por cada cien habitantes, proporción más de veinte veces superior a las existentes en las otras democracias. A modo de comparación, en Chile hay sobre setecientas mil armas inscritas, según la Dirección General de Movilización, las que representan alrededor de 3,8 por cada cien habitantes, y opera una estricta ley sobre control de armas, si bien desafiada por el avance del crimen organizado.

Con todo, y aunque las facilidades para el acceso a armamento inciden en la letalidad, la tasa de asesinatos en EE.UU. llega a 5,8 por cada cien mil habitantes, proporción alineada con el promedio mundial y por debajo de la chilena, del 6,3. Debe sin embargo considerarse en el análisis la severidad de las penas que se imponen en Norteamérica, donde los condenados por homicidio se exponen a la pena de muerte o a cárcel de por vida.

Hoy, los opositores al gobierno de Donald Trump argumentan que la violencia iría en aumento como consecuencia de la polarización derivada de las políticas y acciones de su administración. En particular, por la resistencia a detenciones arbitrarias a migrantes ilegales, practicadas por el servicio encargado del control migratorio (ICE). También cuestionan la agresiva retórica del mandatario frente a sus críticos y a quien pueda oponerse a sus propósitos.

Episódicamente, Estados Unidos ha sufrido asesinatos y violencias por diferencias políticas. Preocupa que hoy se esté atravesando por un nuevo ciclo. La inquietud ha derivado en demandas para aumentar medidas para proteger a los dirigentes políticos y para restringir el comercio y uso de armas, así como en un rechazo generalizado de la violencia.