Señor Director:

Respecto de la columna (ayer) de Felipe Link, Luis Fuentes y Ricardo Truffello, donde advierten que la falta de regulación del mercado de arriendo constituye un problema ineludible, desde TECHO-Chile quisiéramos reforzar algunas de sus observaciones.

La falta de mecanismos para fiscalizar aumentos abusivos o condiciones discriminatorias genera barreras concretas para acceder a un arriendo formal. Entre ellas, la exigencia de un contrato de trabajo, documento que el 28% de nuestra fuerza laboral —quienes se desempeñan en la informalidad— no puede presentar. A eso se suman restricciones como arriendos solo para estudiantes, exclusión de familias con niños o exigencias de nacionalidad chilena.

En los campamentos vemos sus efectos más claros. Según nuestro último Catastro, el 80% señala que el principal motivo por el que llegaron a vivir allí es el alto costo de los arriendos. Casi la mitad no tiene contrato formal y la mayoría de los hogares está encabezado por mujeres, muchas de ellas con hijos. Este perfil evidencia cómo el sistema actual va expulsando de forma silenciosa a quienes no cumplen con los requisitos del arriendo formal, empujándolos a soluciones informales —precarias— y luego, muchas veces, a un campamento.

Avanzar hacia un sistema de arriendo regulado es indispensable para prevenir la exclusión habitacional. Muchas veces hay subsidios, pero no ofertas compatibles. Por eso, el Estado debe promover arriendos a precio justo, que no superen un porcentaje razonable del ingreso familiar. Solo así el arriendo será una alternativa real para la población más vulnerable.

Javiera Moncada
Directora del Centro de Estudios de TECHO-Chile