La última Cuenta Pública permitió comprobar cómo el hito republicano destinado a informar el estado de la nación se ha transformado con el tiempo en un largo y tedioso recuento de todo tipo de resultados, algunos de importancia dudosa. Se trata de un problema que ha ido a la par con la generalización del ejercicio de realizar cuentas anuales por parte de autoridades a todo nivel del Estado: lo que deberían ser instancias de control ciudadano, ha derivado en presentaciones diseñadas para exaltar la gestión del respectivo expositor. Y en el caso del discurso ante el Congreso Pleno, esta vez el problema se hizo aún más notorio debido al inusual debate generado por las cifras económicas presentadas.

Algunas de las mayores críticas apuntaron a las afirmaciones sobre el mercado laboral. Específicamente, el Presidente dijo que bajo su gobierno “se han creado cerca de 600 mil nuevos empleos”. Agregó que “hemos recuperado la participación laboral de las mujeres a niveles prepandemia” y que el aumento del salario mínimo fue realizado “bajando a tasas históricas la informalidad laboral”. También reivindicó logros en crecimiento y manejo fiscal.

Con posterioridad, el ministro de Hacienda, en columna publicada en este diario, insistió en estos conceptos. Recordó también palabras del primer mandatario en su Cuenta de 2024, cuando aseguró que al concluir su período el país habrá crecido por sobre el promedio de los 8 años anteriores. Por cierto, debió repetir la clarificación de que la referencia era al crecimiento per cápita y no al total.

La distancia entre la visión optimista que buscan transmitir las autoridades y una percepción ciudadana signada por la insatisfacción es caldo de cultivo para la desconfianza. Frente a ello, la solidez de las cifras ha de ser el principal recurso para validar los planteamientos de un gobierno. En este caso, sin embargo, la revisión de los números no arroja tal resultado.

Un ejemplo es lo que ocurre con el empleo. Para sostener las cifras del Ejecutivo (623 mil nuevos empleos, según el ministro) la autoridad no solo selecciona como punto de referencia el trimestre móvil diciembre 2021-febrero 2022 respecto del último disponible, sino que lo hace utilizando la serie de creación de empleo desestacionalizada. Ello, pues la serie original, sin ajustes estadísticos (que requerirían el reporte de intervalos de confianza), solo arroja 590 mil. Por su parte, la serie original, pero excluyendo los meses correspondientes al gobierno de Sebastián Piñera, llega apenas a 504 mil (trimestre móvil marzo-mayo 2022 a la fecha). La diferencia es significativa, aun obviando que este crecimiento está fuertemente asociado al empleo público.

Respecto de la tasa de participación laboral femenina, si bien es correcto plantear la similitud con los niveles prepandemia, esto se ha producido con un desempleo entre las mujeres que ha promediado el 9%, más de un punto porcentual por sobre el promedio de la década pasada. Similar argumento relativiza las cifras asociadas a la informalidad laboral agregada, que han convivido con un desempleo inusualmente alto.

En cuanto al esfuerzo por frenar el crecimiento de la deuda pública, es difícil no matizarlo luego de examinar la evolución reciente de nuestros fondos soberanos o el uso de argumentos contables para evitar cuantificar las obligaciones del Estado directamente como deuda (por ejemplo, por la reforma previsional). Y respecto del crecimiento económico, apelar a la reciente revisión de la tasa de fertilidad para justificar una magra expansión de la producción parece cuestionable. De hecho, el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre del 2022, el primero firmado por Javiera Martínez y Mario Marcel, postulaba una expansión del PIB de 3% para 2024 y 2025, que ciertamente no se ha dado.

Pero lo más complejo en todo esto no es la discutible selección de fechas y series estadísticas, sino la consecuencia que de ello fluye, cual es desconocer la necesidad de importantes ajustes en las políticas públicas. Por lo mismo, el ejercicio de rendir cuentas por parte de toda autoridad —y particularmente del Presidente— debiera estar sometido a parámetros que permitieran validar cifras y rangos de comparación. Nuestra institucionalidad debería, tal vez, generar instancias que permitan asegurar aquello. De otro modo, no solo se desvirtúa el sentido de una cuenta pública, sino que se genera confusión en la ciudadanía y se obstaculiza la corrección de rumbos.