Es probable que uno de los debates de la primaria en la izquierda —ya ha empezado a asomar por estos días— consista en volver la vista atrás y emitir un juicio acerca de lo que ocurrió en octubre del diecinueve.

Una de las cosas que entonces ocurrió fue lo que podría llamarse una ampliación del campo semántico de la palabra violencia. Ocurrió entonces con la palabra violencia, lo que hoy ocurre con el concepto de salud mental. Así como hoy al desasosiego inevitable de la vida se le denomina a veces problemas de salud mental, así también en esos días solía escucharse que la violencia física era simplemente la respuesta a otras formas de violencia simbólica o encubierta que incluían la diferenciación de roles, las prácticas lingüísticas o incluso las formas de transporte (¿no ejercían violencia acaso los automovilistas que no respetaban a los ciclistas?, ¿y quienes practicaban el rodeo no ejercían violencia? Y quienes decían que la condición humana era binaria, ¿acaso no ejercían violencia a los gays?). Sin casi darnos cuenta, de pronto la sociedad fue descrita casi como un campo de batalla donde la violencia asomaba incluso en las edificaciones religiosas, cuyo credo, es de suponer, ejercía alguna forma de violencia simbólica de manera que al incendiarlas simplemente se devolvía el golpe.

La pregunta entonces brota de inmediato: ¿comparten los candidatos de las primarias esa ampliación del campo semántico de la palabra violencia?

Relacionada con ella, se discutió también el papel que la violencia cumplía en la sociedad. Fue también habitual que se recordara en esos días que los cambios sociales habían sido impulsados mediante la fuerza o el empleo de la violencia física. Se dijo entonces, recordando una frase ilustre, que la violencia era la partera de la historia, la que finalmente hacia brotar los cambios. La falacia en ese caso consistía en insinuar que lo que era descriptivamente verdadero (que los cambios sociales habían estado acompañados de la violencia) era también moralmente correcto, que lo que de hecho había frecuentemente ocurrido, era entonces lo que debía ocurrir y que entonces resultaba absurdo condenar la violencia o el empleo de la fuerza.

La otra pregunta es también obvia (y puede ser, claro está, extendida a la derecha respecto del Golpe), ¿se justifica la violencia o es inevitable en la vida política? En otras palabras, ¿llega un momento en que ella sobreviene y no queda más que elegir bando o se la puede detener e impedir?

Y está, en fin, el asunto de la fuerza del Estado. En esos días, se expandió entre los más jóvenes especialmente la creencia que toda forma de autoridad era, por principio, ilegítima y que si se quería desmentirlo, el peso de la prueba recaía sobre quienes tenían esa función en la sociedad. La policía, las autoridades educativas (salvo que se sumaran alegremente a la revuelta, claro) anidaban una forma de violencia latente que justificaba se desconfiara de ellas. La principal víctima de este prejuicio fue, desde luego, la policía y la estela de ese fenómeno cultural se extiende hasta hoy.

La última pregunta es flagrante, ¿hay en democracia una presunción de legitimidad de la fuerza del Estado, de manera que el peso de la prueba recae sobre quien quiera desmentirla?

Esas tres cuestiones son quizá fundamentales para establecer diferencias entre los candidatos y saber si lo que ocurrió en octubre, y su estela cultural, ha quedado o no atrás.

Carlos peña