El empleo asalariado privado ha mostrado un crecimiento muy bajo en la última década, de apenas 1,5% promedio anual. Esta débil dinámica ha ampliado las brechas que separan a Chile del promedio de la OCDE en participación y ocupación laboral, especialmente entre jóvenes y mujeres. A ello se suma una tasa de informalidad persistente en torno al 27%, que limita la cobertura de seguridad social y reduce la productividad. Frente a esto, uno de los desafíos clave es fomentar más empleos formales y sostenibles.

Es urgente también reactivar la productividad laboral, que ha registrado avances muy limitados en los últimos años. Según datos de la OCDE, la productividad en Chile equivale a la mitad del promedio de ese grupo de países (OECD Compendium of Productivity Indicators, 2024).

Diversos factores explican este desempeño insatisfactorio, destacando el alto costo del despido en Chile, que más que duplica el promedio de la OCDE. Esta barrera ha sido señalada reiteradamente como causa central de rigidez del mercado laboral chileno. Paradójicamente, el actual sistema de indemnización por años de servicio, concebido para proteger al trabajador, ha terminado generando efectos contrarios a sus objetivos: fomenta relaciones laborales de corta duración debido a su elevado costo, afectando negativamente la productividad.

Según la OCDE (2017), reducir la indemnización por años de servicio podría disminuir la segmentación laboral y facilitar el empleo formal, especialmente entre jóvenes.

Los datos del Seguro de Cesantía confirman este diagnóstico: alrededor del 40% de los ocupados tiene una relación laboral inferior a un año. De los contratos terminados, el 21% duró menos de 12 meses —no alcanzando a generar derecho a indemnización por años de servicio—, mientras que casi un 60% tuvo una duración entre 13 y 60 meses. Además, un 48% de las relaciones laborales finalizan por la causal de “necesidades de la empresa”.

Queda claro que una proporción relativamente pequeña de trabajadores recibe efectivamente la indemnización completa, y muchos la obtienen solo parcialmente debido a la corta duración de los empleos. El resultado es un sistema costoso, con cobertura limitada y que termina desincentivando la creación de empleos más estables y productivos. Peor aún, a veces se generan incentivos para forzar despidos, afectando negativamente el clima laboral.

La rigidez del sistema limita también la movilidad interna en las empresas, factor crítico ante el cambio tecnológico y la necesidad de prolongar la vida laboral.

Ante esto, se vuelve evidente la necesidad de avanzar hacia un sistema de indemnización de menor costo, pero “a todo evento”, como el que ya existe para las trabajadoras de casa particular.

Esta propuesta consiste en una cotización adicional del empleador —en torno a un 1,8% del salario mensual— en una cuenta individual del trabajador. Esta alternativa reduce el costo esperado del despido para las empresas y asegura una protección efectiva y más universal para los trabajadores, pues no se limita a causales específicas como las “necesidades de la empresa”. Se logra así una fórmula más predecible y con mejores incentivos.

Su aplicación podría ser obligatoria para nuevos contratos y voluntaria para los vigentes, replicando la experiencia del Seguro de Cesantía en 2002.

La experiencia internacional respalda esta propuesta. Austria tenía, hasta 2003, un sistema de indemnización por años de servicio similar al chileno, basado en antigüedad. Ese año implementó una reforma con una cotización mensual del 1,53% del salario bruto, financiada por el empleador y depositada en cuentas individuales del trabajador. Esta reforma fue políticamente viable y generó resultados muy positivos: mayor movilidad laboral, menos litigios por despidos, mejor asignación del trabajo y un positivo impacto en el crecimiento del ingreso per cápita (Hofer, Schuh & Walch, 2011).

Existe consenso sobre la necesidad de retomar la senda del crecimiento. Para lograrlo, es clave elevar la productividad y la ocupación laboral. Reformar el sistema de indemnizaciones es, sin duda, un paso decisivo en esa dirección.

Cecilia Cifuentes
Tomás Rau