La construcción de un supermercado en el balneario de la Región de Valparaíso ha suscitado una polémica que refleja de manera prístina el problema de “permisología” que el país acarrea. Muchas personas del sector argumentan que —entre otros problemas— el supermercado afectará negativamente en la identidad del pueblo, preocupación que, por cierto, es válida. Pero el tema de fondo no es la legítima inquietud de algunos vecinos, sino la capacidad que deben tener las comunidades para influir en los proyectos y, eventualmente, vetarlos.

El debate sobre la llamada “permisología” —que seguro la sufren a diario muchos de quienes reclaman— tiene dos caras. Por una parte, la obligación de aprobar sendos informes viales, sectoriales y ambientales ha crecido exponencialmente en los últimos años, encareciendo y retrasando muchos proyectos. Pero esa es solo una parte del problema. Quizá tan grave como los costos de los permisos es la incerteza derivada de que, una vez dada la luz verde, puede aparecer alguien que los bloquea.

Está en la naturaleza humana que los vecinos quieran proteger sus espacios. Esto es válido para un supermercado en Zapallar, un edificio en Ñuñoa o un proyecto industrial en Penco. Para canalizar esas inquietudes están los planos reguladores, las consultas ciudadanas y los estudios de impacto. Si el plano regulador es insatisfactorio, debe modificarse, y si las aprobaciones no han cumplido con toda la normativa vigente —tema que desconozco en este caso—, debe exigirse que los procesos sean completos. Pero una vez que se ha cumplido satisfactoriamente con todas las etapas, las comunidades no deben tener derecho a vetar los proyectos.

En esto, el bien común compite con mi bien común. Si un proyecto de inversión modifica de manera grosera la vida de las comunidades, debe modificarse o alternativamente se debe compensar a quienes se ven negativamente afectados. Pero otra cosa es si lo que domina es el ánimo paralizador para cuidar la idiosincrasia del lugar más allá de los razonable. En ese caso, no hay plano regulador ni consulta ciudadana que sea suficiente. Si todo está en regla y los vecinos quieren genuinamente evitar el proyecto, quizá Coase tenga la solución: los afectados deberían compensar a la cadena supermercadista para no hacer el proyecto, o deberán directamente comprar el terreno para proteger lo que estiman adecuado. En algún minuto, la institucionalidad debe hacer valer los derechos que existen.

Mención aparte merecen quienes argumentan que la llegada de un supermercado representa “competencia desleal” con el comercio local. Con ese argumento, cualquier progreso que amenace a los incumbentes —en Zapallar o cualquier otro sitio— debe ser paralizado. En ese caso, mejor cerrar por fuera.