El debate presupuestario se ha transformado en un dolor de cabeza para la administración Boric. En los últimos años, una seguidilla de errores por parte de la Dirección de Presupuestos sembró dudas respecto de la capacidad técnica de sus cuadros. La situación culminó con un significativo descalce en las cuentas fiscales al cierre de 2024. Específicamente, el balance cíclicamente ajustado reportó un déficit de 3,3% del PIB, muy por encima del 1,9% definido por la autoridad para converger a la meta autoimpuesta. La situación es de la mayor gravedad.

Por ello, la ejecución del presupuesto del año en curso, incluyendo la implementación de las medidas correctivas ante el error de Hacienda, requiere particular atención. Un nuevo desvío, ya sea en los gastos o en los ingresos, comprometería aún más la gestión de la siguiente administración. Y, por cierto, sería letal para la reputación del equipo económico del Presidente Boric. En este sentido, es preocupante que en el último informe de la OCDE se estime que el gasto del Gobierno en 2025 estaría creciendo un 3,9%, significativamente por sobre el 3,3% de 2024. Sabido es que el monitoreo de los niveles de gasto fiscal resulta doblemente importante en años electorales.

Pero la atención también debe estar puesta en el debate que se avecina respecto de la Ley de Presupuesto de 2026. Frente a las proyecciones del Banco Central en su último IPoM, de un crecimiento económico en el rango 1,5-2,5% para 2026 y 2027, será difícil justificar una expansión presupuestaria superior al 2%. Adicionalmente, dado que parte de las acciones correctivas planteadas por Hacienda a propósito de sus equivocadas proyecciones implican medidas administrativas y legislativas hasta 2029, es probable que esa expansión deba ser incluso menor.

Por de pronto, la OCDE estima que el gasto del Gobierno se expandiría solo un 1,3% el año 2026, por debajo del 2,4% de crecimiento proyectado para el PIB. Tal bajo guarismo podría ser entonces la base sobre la que este gobierno discuta el presupuesto que heredará quien llegue a La Moneda en marzo de 2026.

El desafío fiscal del próximo gobierno

La situación fiscal que recibirá el siguiente gobierno será algo anómala. Si bien es correcto plantear que, durante el primer año de la administración Boric, la ley de Presupuesto aprobada en el último año de Sebastián Piñera implicó un importante ajuste —el gasto anual corriente cayó un 26,3% en 2022—, esto se produjo por la necesidad de revertir parte importante de las medidas implementadas por la pandemia.

Por el contrario, el ajuste que deberá asumir el próximo gobierno no será la consecuencia de shocks externos ni de emergencias inesperadas. Es sencillamente el resultado de la incapacidad de la actual administración de cumplir sus metas autoimpuestas. Adicionalmente, no es posible descartar que durante el proceso de revisión del estado de las finanzas públicas en los primeros meses del siguiente gobierno se identifiquen necesidades de ajuste aún mayores. En cualquier caso, este será significativo. A modo de ejemplo, según el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2025, solo el conjunto de acciones legislativas (que representan una insólita imposición presupuestaria, al requerir aprobación del Congreso) y administrativas para corregir el descalce de 2024 implicará ajustes de entre 0,23 y 0,3% del PIB en cada año de la siguiente administración.

Un informe del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, en tanto, concluye que durante el período 2026-2029 las holguras negativas que enfrentará el Estado de Chile podrían alcanzar los US$ 14.100 millones. Elemento clave tras la preocupante cifra es la dinámica de los gastos comprometidos por el Estado en el mediano plazo. Los criterios para, por ejemplo, compensar por la depreciación de la infraestructura existente deben ser analizados en detalle por todos los organismos técnicos.

¿Qué ocurre con el CFA?

El término del período de Jorge Rodríguez como consejero del Consejo Fiscal Autónomo implica tanto el nombramiento de un nuevo consejero —a propuesta del Presidente de la República y sujeto a ratificación del Senado— como la designación por el Gobierno de un nuevo presidente. El nombre propuesto, la economista Paula Benavides, no parece haber generado hasta ahora el acuerdo de los senadores. Es posible que su cercanía con el ministro de Hacienda —Benavides trabajó junto a Mario Marcel en la Dirección de Presupuestos entre 2000 y 2002— despierte dudas en la oposición, desde donde se reclama falta de consultas.

Como sea, frente a la situación de las cuentas fiscales y la obligación de la siguiente administración de realizar ajustes significativos, es clave redoblar los esfuerzos para blindar al CFA de cualquier tipo de presiones. Por ello, es esencial que tanto el cargo de consejero como el nombre del próximo presidente del organismo generen acuerdo extendido y garanticen independencia. En este sentido, la postergación de una definición y la prolongación de las actuales vacancias son preocupantes. Es de esperar que la política entienda que asegurar la autonomía de las instituciones y su calidad técnica debe ser una prioridad.