En su Ontología del Lenguaje, Rafael Echeverría describe la diferencia entre afirmaciones y declaraciones. Mientras las primeras son esencialmente descripciones, las segundas tienen el poder de cambiar el estado de las cosas.

La sociedad y la ley entregan a determinados agentes el poder de hacer que sus afirmaciones sean actos lingüísticos que crean un antes y un después. Un oficial civil declara que una pareja es ahora matrimonio. Un mandatario declara un estado de excepción constitucional; otro, la guerra; o un notario certifica “firmó ante mí”. Entonces, el lenguaje genera realidad.

Entre quienes tienen poder para hacer declaraciones, están los profesionales médicos. Afirman y firman declaraciones que inician un nuevo estado de las cosas. Es un poder enorme, probablemente cercano al de los magistrados.

Incluyen certificado de defunción, informes periciales para la administración de justicia, órdenes de hospitalización, órdenes de alta, recetas, órdenes de examen, indicaciones de cirugía, certificaciones para acceder a cobertura AUGE, certificado de jubilación por enfermedad y licencias médicas.

Cada una de estas declaraciones produce consecuencias relevantes, teniendo una importancia particular el destino de fondos aportados por toda la población, esencialmente a través de impuestos, y secundariamente, cotizaciones aportadas por empleadores o empleados.

El mal uso de las licencias médicas es uno de los riesgos de este empoderamiento y deriva de una perversión de concepto. Lo que se entrega no es un justificativo para faltar al trabajo y mantener la remuneración. El nombre verdadero es Subsidio de Incapacidad Laboral. Este documento asevera que alguien está incapacitado, incapacitada, temporalmente para trabajar. En eso reside el momento de la verdad. Lo que se sigue es consecuencia de la afirmación “esta persona está incapacitada para trabajar”.

A pesar de que el mal uso de este beneficio es conocido hace décadas, llegándose incluso a promulgar la Ley 20.585 el año 2012, para tipificar el abuso del subsidio como delito, los resultados son desalentadores. El monto de gasto ha llegado hasta $3 millones de millones y se estima que, con un décimo de ese valor, se terminan las listas de espera.

El mal uso de la licencia es la principal causa del déficit financiero de la salud pública. A mayor evidencia, el ministro de Hacienda estuvo dispuesto a aumentar el presupuesto para el Ministerio de Salud el presente año solo en la medida que se produjera una caída del gasto en este ítem.

La explosión en racimo de una investigación valiente de la Contraloría, basada en que alguien incapacitado para trabajar no debería estar de viaje, ha abierto la caja de Pandora.

Ahora, vendrá el tiempo de fiscalizaciones, sumarios y renuncias para esquivar sanciones. Se pueden investigar hasta cinco años hacia atrás. Se pueden cruzar, con orden de la Fiscalía, licencias versus viajes en avión en el territorio, pagos de alojamiento, geolocalización, etcétera. Sin embargo, hay dos temas esenciales en los que centrarse.

Primero, ¿cómo se fiscaliza efectivamente que la declaración de incapacidad laboral temporal es verdadera? Las sanciones penales ya están establecidas en una nueva ley publicada hace una semana. Segundo, es necesario cambiar la estructura y tramitación del beneficio a través de sustitución decreciente de la remuneración, una entidad dependiente del Ministerio del Trabajo que administre el subsidio, que el presupuesto esté fijado y que la reiteración de certificaciones falsas prohíba la entrega del beneficio.

Dr. Jaime Mañalich