Señor Director:

Los recientes casos de corrupción en distintos municipios del país evidencian un patrón preocupante de debilidad institucional. A pesar de administrar recursos públicos significativos, la mayoría de las municipalidades no ha implementado el Modelo de Prevención de Delitos, los que deben ser evaluados periódicamente por terceros independientes, herramientas que ya son un estándar en el sector privado.

Con la entrada en vigencia de la Ley sobre Delitos Económicos y Ambientales, el estándar de responsabilidad penal se ha elevado. Si bien las municipalidades no pueden ser sancionadas con disolución como las empresas bajo la Ley N°20.393, ello no exime la necesidad urgente de adoptar mecanismos preventivos que aseguren la legalidad en el uso de los recursos públicos.

La implementación de modelos de cumplimiento adaptados al sector público permitiría prevenir irregularidades, fortalecer la transparencia y recuperar la confianza ciudadana. Hacer lo correcto no debiera depender solo de la voluntad de cada alcalde o concejal, sino de estructuras institucionales que promuevan y garanticen una cultura de legalidad. Y eso, en el espacio público, no es una opción: es una obligación.

Patricio Eguiguren M.