Un examen del fallo de la Corte Suprema que, al rechazar la apelación interpuesta por el Ministerio Público, acogió en definitiva el amparo presentado por Josefina Huneeus —arguyendo una intromisión ilegal en sus comunicaciones— es de alto interés público y vale la pena analizarlo, siquiera brevemente.

Una sentencia judicial, especialmente en un caso como este, es un asunto público de la máxima relevancia.

Desde luego, el fallo contó con el voto favorable de un ministro titular y dos abogados integrantes, en tanto el fallo de minoría fue suscrito por la ministra titular Valderrama y el ministro titular Letelier

¿Tiene alguna relevancia ese hecho? Ninguna, en principio, salvo que recuerda que una de las falencias del sistema en Chile es la existencia de abogados integrantes, quienes, al revés de los titulares, no gozan de las mismas condiciones de independencia objetiva.

Salvado ese punto, se dirá, lo que importan son las razones esgrimidas. Y es cierto: lo que importan son las razones y no quien las emite.

Pero el fallo de mayoría tampoco aporta demasiadas.

En realidad, se reduce a sostener que las medidas intrusivas exigen un alto estándar, que ese estándar no se satisfizo y que la mención a la dictadura contenida en el fallo era puramente retórica (lo que los abogados llamarían un obiter dictum, algo dicho al pasar). No dice por qué confirma la sentencia recurrida, sino que simplemente lo hace afirmando lo que debería demostrar (afirma que el estándar es alto; pero no explica por qué considera no se le satisfizo en el caso).

El fallo de minoría es, en cambio, más pormenorizado. Y se esmera en razonar.

Comienza discutiendo que el estándar sea tan alto como se sugiere. El artículo 222 del Código de Procedimiento Penal exigiría “fundadas sospechas” de la participación criminal; que la intrusión tiene por objeto investigar para afirmar o descartar esa sospecha y que, en consecuencia, debe ser juzgada a la luz de esa finalidad; que así las cosas, la legitimidad de la interceptación no puede quedar entregada a la titularidad o propiedad de la línea, que en este caso aparecía a nombre de Alberto Larraín, sino a su uso efectivo o cotidiano, lo que, dice el voto de minoría, correspondía a Josefina Huneeus, quien tendría la calidad de imputada; que si para interceptar un teléfono se requiriera la propiedad (y no el uso que en el caso hacía la recurrente), entonces sería fácil eludir la investigación puesto que en tal caso bastaría, dice el voto, no tener teléfonos a nombre propio; que, en fin, lo que la ley establece es que la interceptación debe ser “interrumpida inmediatamente” apenas las sospechas se disipen, pero eso, explica el voto de minoría, no ha ocurrido de ninguna manera.

Ese es el voto de mayoría y ese el voto de minoría.

No cabe duda de que el voto de mayoría es el que impera. Pero las razones también importan. Aunque solo sea por eso por lo que observa H.L.A. Hart: los jueces dicen qué es derecho en un caso; pero eso no debe llevar a pensar que el derecho es lo que en un caso dicen los jueces.

Carlos Peña