La propuesta de reforma que busca establecer una estructura triestamental en los Consejos de Facultad de la Universidad de Chile se impone por resquicio. Se equipara la representación de académicos, estudiantes y personal de colaboración. El Estatuto actual de la universidad obliga a tener un acuerdo del Consejo Universitario y realizar un plebiscito si se cambia la estructura orgánica de la institución. Estos requisitos no se han cumplido. Tampoco se ha cumplido con el artículo 64 de la Constitución, el cual exige que la ley delegatoria —que sostiene esta propuesta triestamental— señale las materias precisas sobre las que recae la autorización al Presidente de la República para dictar el correspondiente Decreto con Fuerza de Ley.

Esta iniciativa, más que ampliar la participación, diluye la responsabilidad académica y amenaza con debilitar la legalidad y los principios universitarios.

Una universidad se define por la docencia, la investigación, la creación y la formación de pensamiento crítico. Estas tareas recaen directa y formalmente en el cuerpo académico. No porque los otros estamentos carezcan de valor —por el contrario, su aporte es esencial—, sino porque la rendición de cuentas respecto de los resultados académicos, de los estándares de calidad y del prestigio institucional recae sobre quienes tienen esa función asignada. Desconocer esta diferencia es desconocer el principio de responsabilidad diferenciada de toda organización compleja.

La triestamentalidad implica que decisiones académicas estratégicas, incluidas asignaciones presupuestarias, contrataciones y el desarrollo institucional, podrían quedar determinadas por mayorías no académicas. El resultado sería una disociación entre quienes las definen y quienes deben responder por su implementación y efectos. Ninguna universidad de excelencia, nacional o internacional, ha optado por esto.

Más aún, se desconoce el valor de los mecanismos ya existentes para la representación estudiantil y funcionaria: centros de estudiantes, federaciones, asociaciones de funcionarios, todos con legitimidad democrática y trayectoria reconocida. Esta reforma pretende sustituir esa institucionalidad —basada en la identidad gremial de cada estamento— por una representación impuesta y funcional, desdibujando los roles y creando incentivos cruzados que pueden entorpecer más que enriquecer el debate académico.

Como si esto fuera poco, el proceso mismo de imponer la triestamentalidad por resquicio ha adolecido de una falta de transparencia preocupante. La información sobre la propuesta ha sido limitada, restringida al Senado Universitario. Para una discusión de esta magnitud, resulta esencial abrir el debate a toda la comunidad universitaria, cumplir la legalidad universitaria y transparentar sus alcances. No estamos ante un mero “marco para la conversación”, sino ante una votación que definirá la composición de los Consejos de Facultad, órganos y estructuras claves para el desarrollo institucional.

No se trata de resistirse a la participación de los distintos estamentos, sino de defender con claridad el carácter académico de la Universidad de Chile y su apego al Estatuto que la gobierna. La libertad académica y de cátedra, el pluralismo, la autonomía y la excelencia no se resguardan diluyendo las responsabilidades, sino organizándolas de forma coherente. Es perfectamente posible asegurar los espacios de participación sin debilitar los principios que han permitido a esta universidad cumplir su misión pública durante generaciones.

Por ello, más que avanzar en una fórmula que iguala poder sin considerar función ni responsabilidad, corresponde preservar la integridad de los órganos académicos, fortalecer la autonomía de las facultades y mantener un debate informado, apegado al Derecho y sin resquicios, riguroso y abierto. El futuro de la Universidad de Chile se juega en la calidad de sus decisiones y en la defensa de sus principios, así como en la excelencia en el cumplimiento de su función educativa pública.

Pablo Ruiz-Tagle
Decano de Derecho de la Universidad de Chile