Señor Director:

Así como les ha ocurrido a muchos ciudadanos cuando intentan cobrar un seguro y se enfrentan a excusas, trámites engorrosos o derechamente una negativa, lo mismo nos ocurrió como Gobierno Regional de Santiago con la aseguradora Aspor. La institución se niega a pagar la indemnización de más de $1.000 millones de pesos, equivalente a lo no ejecutado del proyecto de prevención del suicidio “Quédate” por parte de la Fundación Procultura. Acá lo que está en juego no es solo la póliza vinculada a dicho convenio, que aseguraba el 100% de los recursos aprobados por el Consejo Regional Metropolitano, sino la credibilidad de un instrumento legal clave para proteger recursos públicos en todo el Estado: la póliza de seguro de primer requerimiento.

Este tipo de garantía, regulada por el inciso final del artículo 583 del Código de Comercio, fue creada para permitir el cobro inmediato, sin condiciones ni excusas, en caso de incumplimientos. Se trata de una herramienta que es una alternativa a una boleta de garantía y que permite (o permitía) proteger el uso de fondos públicos en programas o proyectos ejecutados por terceros. Por eso, como Gobierno Regional de Santiago fuimos pioneros: desde hace más de cuatro años exigimos a todas las organizaciones que reciben financiamiento de nuestra institución una garantía del 100% del monto transferido.

En el caso del programa “Quédate” de prevención del suicidio, financiado con más de $1.683 millones, la fundación Procultura (asegurado) optó por contratar pólizas con la compañía Porvenir S.A. (ASPOR) (aseguradora) para garantizar la transferencia del 100% de esos recursos que como Gobierno Regional (beneficiario) les exigimos proteger. Sin embargo, tras el término anticipado del convenio con Procultura por graves incumplimientos de esta, este Gobierno Regional le exigió a ASPOR el pago inmediato de la indemnización (en noviembre de 2023). Lejos de cumplir con lo que establece la ley, la aseguradora inició un conjunto de acciones dilatorias y resquicios para no pagar la indemnización que le correspondía al beneficiario, en este caso, el Gobierno de Santiago.

En efecto, junto con interponer una medida precautoria que paralizó el pago en tribunales, decidió presentar una demanda para declarar nulo su contrato de seguros con Procultura, perjudicando así al fisco. Desde ese entonces, diciembre de 2023, se ha mantenido la paralización del pago, con lo que este tipo de instrumento mercantil —de ejecución inmediata y a primer requerimiento— ha perdido en los hechos toda su efectividad, a pesar de existir una norma expresa que ordena pagar y luego discutir.

La Comisión para el Mercado Financiero ya sancionó a ASPOR con una multa de 1.000 UF, señalando que este tipo de conductas viola la ley y produce un daño o riesgo al correcto funcionamiento del mercado de seguros, lo que como he relatado aún se mantiene. Así, hoy, la empresa enfrenta tres procesos judiciales: un reclamo de ilegalidad en contra de la CMF para revertir la sanción, una demanda de nulidad en contra del Gobierno Regional (pese a que somos los beneficiarios y quien contrató como asegurado fue Procultura), y una causa pendiente por el levantamiento de la medida precautoria que les ha permitido evadir el pago hasta ahora. A esto se suma el rechazo de la Corte de Apelaciones —confirmada por la Corte Suprema— a su recurso de protección contra nuestra decisión de no aceptar nuevas pólizas de la aseguradora ASPOR mientras no regularicen su situación.

Como dije anteriormente, este caso no solo revela un problema contractual, sino que pone en duda la efectividad de una herramienta legal diseñada para proteger el cumplimiento de contratos y convenios, y por consiguiente el uso de recursos públicos. Si las pólizas de primer requerimiento no se respetan: ¿qué garantía real tiene el Estado para recuperar fondos ante incumplimientos? Este debate no es técnico ni menor: es central para la probidad, la fe pública, el funcionamiento óptimo de la gestión pública y el resguardo de los recursos de todos los chilenos.

Claudio Orrego
Gobernador de Santiago