Señor Director:

La ley de agilización de permisos de construcción, que entró en vigencia en enero de este año, ha delegado en las Seremi Minvu atribuciones críticas, tales como resolver reclamos urbanísticos y revisar expedientes completos en caso de silencio administrativo. Esto, sin considerar la real capacidad técnica de esos organismos para asumir el cambio.

Estudios recientes indican que solo el 32% del personal de esas Seremi ha recibido capacitación en materias normativas; y que en algunas regiones un solo arquitecto debe cubrir hasta 5,3 comunas, reflejando una sobrecarga evidente.

Legislar para agilizar permisos sin garantizar competencias mínimas vulnera principios jurídicos y merma la eficiencia del actuar administrativo. Si estas nuevas atribuciones no van acompañadas de una estructura técnica adecuada, aumentarán los juicios y se provocarán más retrasos, exactamente lo contrario a lo que se buscaba con la reforma.

La solución es clara: se requiere con urgencia un Programa Nacional de Profesionalización Urbanística, con certificación obligatoria, financiamiento garantizado y aumento de dotación proporcional a la carga proyectada. De lo contrario, la ley no solo será ineficaz, sino jurídicamente riesgosa.

Luis Prieto Pradenas
Abogado