Desde el retorno de la democracia, el sector público de nuestro país fue un referente en Latinoamérica y el mundo. Las distintas modernizaciones —SII, Chile Compra y diversas superintendencias—, la focalización del gasto público, nuestra regla fiscal, nuestro Banco Central, entre otras, llevaron a que muchos nos tomaran como ejemplo.

Esta excelencia se ha corroído progresivamente desde hace un par de décadas, evidenciando la necesidad de modernizar el Estado. Distintos actores han impulsado iniciativas transversales de análisis y propuestas, pero todas ellas han sido truncadas por una inercia evidente y por diversos intereses creados en el Estado. Solo ante escándalos de corrupción —recordemos el caso MOP-Gate— se han logrado incorporar medidas de mayor control, pero siempre con un enfoque parcial y de impacto acotado.

Diversas razones motivan esta inercia. Algunas más fáciles de abordar que otras. Está la resistencia natural al cambio, basada en la idea de que nadie conoce mejor una institución que quienes ya están dentro. Esto ha llevado inclusive a la petición de que los gremios participen en las contrataciones de nuevos funcionarios: captura por los funcionarios. Esto no puede llevar solo a malas prácticas, sino que también impide la coordinación del todo. Un ejemplo claro de ello es el caso de las listas de espera para pacientes oncológicos. A pesar de contar con una Ley Nacional del Cáncer, cada hospital gestiona sus propios tiempos, criterios y flujos, sin una mirada integrada de red, aportando al aumento de pacientes oncológicos en lista de espera, que desde 2018 a 2024, aumentó un 542%.

Otro motivo más complejo es la captura de servicios y gobiernos locales por “caudillos políticos”, y su fuerte influencia en el sector político y, particularmente, en el Poder Legislativo (por su control de un número de electores muy activos que han sido favorecidos por cargos), impidiendo cualquier intento de cambio del statu quo. Ejemplo de esto podemos verlo en el sector de educación, donde asociaciones se han opuesto sistemáticamente a cualquier iniciativa de evaluación y modernización; como a nivel regional, donde es común ver que “caudillos”, muchos electos en el Congreso, terminan controlando las contrataciones y remociones en los servicios públicos.

El incremento del tamaño del empleo en el gobierno central, y en el gobierno general, sin un claro aumento de calidad o cantidad de prestaciones, muestra cómo este deterioro está afectando el funcionamiento del Estado. En los últimos años el empleo fiscal en el gobierno central ha crecido un 65% y en el Estado un 40%, mientras que el empleo privado solo lo ha hecho en un 10%.

El reciente y escandaloso informe de la Contraloría nos muestra lo insostenible de esta situación. Veinticinco mil personas con licencias que salen del país nos muestra la gravedad del problema. ¿Cuál sería el número si se consideran los viajes dentro de Chile? Estudios de las universidades UNAB, USS y UDP evidencian que las licencias por trabajador se han duplicado en la última década y que las licencias en el sector público son más del doble que en el sector privado dependiente.

Como muchos, estoy orgulloso de haber trabajado en el sector público, y ahora en la Universidad de Chile. El informe indigna y genera rabia. ¿Por qué permitimos que algunos trabajen y otros abusen? Esto no solo afecta las arcas fiscales, sino que perjudica a todos aquellos empleados públicos que hacen su trabajo.

Que esta crisis sea un punto de inflexión. Es hora de acabar con la inercia, y de devolverle al Estado su propósito. Modernizar no es solo digitalizar o aumentar dotaciones: es volver a poner a la ciudadanía al centro, con instituciones eficientes, transparentes y responsables. Porque los trabajadores públicos no somos dueños de los servicios del Estado, sino que nos debemos a este, así como el Estado se debe a todos los chilenos y chilenas, debemos ser los primeros en presionar por esta modernización.