Chile tiene un problema fiscal estructural. Entre 2023 y 2024, sin crisis de por medio, los ingresos del gobierno central fueron equivalentes a un 22,4% del PIB, y los gastos a un 25%, lo que implica un déficit de 2,6% del PIB. Para este año es probable un resultado algo inferior, lo que significa que debemos cerrar una brecha de más de dos puntos del PIB. ¿Cómo hacerlo? ¿A través de los gastos o de los ingresos? Llevamos más de una década tratando de hacerlo con reformas tributarias, que han recaudado bastante menos de lo esperado. Si se hubiera apostado por el crecimiento, seguramente la situación fiscal sería mejor. Una acción más decidida contra la permisología, por su impacto en actividad, podría ser positiva en términos de recaudación, al igual que un mayor control de la informalidad. En un escenario optimista, el impacto sería inferior a un punto del PIB, lo que nos deja frente a la tarea ineludible de reducir el tamaño del Estado, se nos pasó la mano en la última década.

Pero, ¿no era que en la medida en que aumentaba el ingreso per cápita el Estado debía crecer en relación al PIB debido a que la elasticidad ingreso de la demanda de bienes públicos es mayor que 1? Lo cierto es que esa idea está bastante cuestionada en una serie de artículos académicos, que miden precisamente esa elasticidad, encontrando en muchos casos que es menor que 1. Además, si analizamos al grupo de economías avanzadas en el último cuarto de siglo, se pueden constatar dos hechos que cuestionan esa elasticidad mayor que uno en la demanda de bienes públicos. Tomando a los diez países que han crecido a una tasa de 3% promedio o más en ese lapso, se observa una leve tendencia a la caída en el tamaño del Estado, y más interesante aún, en ese grupo el tamaño del Estado es 10 puntos inferior al de los países que crecen menos de 3%. En los primeros, el gasto del gobierno general equivale a un 33% del PIB, y en los segundos a un 42%. En Chile el gasto del gobierno general se acerca a un 28% del PIB, y si hacemos el ajuste por seguridad social, no habría una brecha importante en el tamaño del Estado con aquellos países avanzados que crecen más. No parece ser correcto, entonces, que sea necesario que en el mediano plazo el tamaño del Estado deba aumentar. Es cierto que la demografía presiona los gastos en salud y pensiones, pero ocurre lo contrario con los recursos para educación. Por otra parte, el gasto destinado a programas asistenciales realmente efectivos también debería reducirse con el tiempo, ya que esa es la mejor medida de su efectividad, que dejen de ser necesarios, al menos parcialmente.

En definitiva, es discutible la idea que ha acompañado la discusión política de la última década, respecto a esa necesidad de cerrar una supuesta brecha del tamaño de nuestro Estado respecto al PIB. En el mediano plazo hay espacio para aumentar el gasto, en la medida de que crezca la economía y los recursos fiscales.

Pero para resolver el problema fiscal no basta con moderar el crecimiento del gasto de tendencia, es necesario además hacer un ajuste de nivel, y lo que ha ocurrido con los escándalos de las fundaciones, y ahora con la constatación de un abuso vergonzoso de las licencias médicas, abre la oportunidad de hacerlo. El discurso de la imposibilidad de reducir la ineficiencia simplemente no se sostiene, cuando la calidad de los servicios estatales no mejora, a pesar de que el gasto en personal del gobierno general ha subido en 1,5 puntos del PIB en quince años, y el gasto social en cerca de 3 puntos del PIB en ese lapso. La modificación del Estatuto Administrativo debe ser una prioridad, aprovechando de avanzar en gobierno digital, con un uso creciente de la IA, que seguramente no solo reduce el gasto, sino además mejora la calidad de los servicios. La mejora de gestión y reducción de recursos es un imperativo que va más allá de resolver el problema fiscal estructural. Se puede y se debe reducir la planilla, porque la captura de los organismos estatales no es una sospecha, es un hecho evidente, demostrado por la absoluta ineficacia de los jefes de servicios frente al abuso flagrante de las licencias.

“No hay mal que por bien no venga”; la frescura de la que estamos siendo testigos permite demostrar que no son pocos los funcionarios que sobran en el gobierno central y los gobiernos locales, y no es marginal el ahorro que se puede lograr cortando de raíz este abuso. De pasada, se beneficia la mayoría de funcionarios honestos y trabajadores, quienes seguramente están desempeñando su función en un clima laboral muy viciado por el aprovechamiento descarado de muchos.

Cecilia Cifuentes