La situación de aprovechamiento de las licencias médicas detectada por la Contraloría no se puede separar completamente de la regulación del empleo público. Este se caracteriza por su rigidez y por la dificultad para cesar a alguien en sus funciones, aun si su desempeño es muy deficiente o comete faltas evidentes a la probidad. Los sumarios fueron creados para, entre otros aspectos, proteger a los funcionarios de la arbitrariedad de las jefaturas, sobre todo por la historia de nombramientos políticos en esos cargos. Sin embargo, la alta dirección pública ha vuelto cada vez menos necesarias esas protecciones excesivas, más todavía con los avances en transparencia que involucra en la actualidad la gestión del Estado.

Al mismo tiempo, los costos de tales resguardos se han hecho mucho más evidentes. Más aún cuando, como suele ocurrir con toda forma de protección, ella se ha desvirtuado completamente. Así, se la utiliza para avalar conductas que, como en los casos reportados por la Contraloría, rayan en el fraude y, sobre todo, traicionan la confianza de la ciudadanía que financia a los servidores públicos y espera de ellos, por consiguiente, un alto estándar de conducta. En el caso particular del Estado, además, la licencia médica no tiene carencia y el pago es equivalente al 100 por ciento de la remuneración (en cambio, en el sector privado, si la licencia es por menos de 11 días, los primeros tres no se financian y hay un tope equivalente al monto imponible para salud). Adicionalmente, es bueno recordar que el número de días de licencia por trabajador del sector público supera los 30, más que duplicando lo observado para el sector privado.

Por supuesto, el problema trasciende los permisos de salud. La desconfianza que sienten los ciudadanos hacia una parte relevante de los servicios públicos tiene en los empleos protegidos uno de sus orígenes. Las personas, en distintos estudios, se quejan del mal trato que reciben en dichos servicios, y el estatuto administrativo, sin dudas, influye en ese comportamiento tan poco profesional. Resulta evidente, entonces, que no solo es el funcionamiento de las licencias médicas el origen del problema denunciado por la Contraloría, sino que las fallas del sistema de licencias resultan además potenciadas por el régimen de empleo público vigente. Es, en definitiva, la combinación de ambas dimensiones la que explica la alta presencia de comportamientos oportunistas. “Hay incentivos al abuso”, sostuvo el ministro de Hacienda y ellos, habría que agregar, no tienen una sola causa.

Esta realidad, ampliamente conocida, se ha intentado remediar utilizando distintos mecanismos. Por un lado, sistemas de evaluación de desempeño que son engorrosos y que, en general, conducen a evaluaciones positivas que poco se correlacionan con la calidad de los servicios. Por otro lado, contrataciones al margen de la planta para evitar las rigideces del Estatuto Administrativo; producto de ello, hoy menos del 30 por ciento de los empleos públicos se encuentran bajo esta norma. Sin embargo, aquí la solución al problema de la rigidez es más aparente que real, porque las malas prácticas se traspasan y es muy difícil realizar consideraciones diferenciadas de acuerdo con el régimen de empleo, pues conviven en todas las reparticiones. De hecho, se ha conocido, a raíz de la investigación de Contraloría, que incluso funcionarios de confianza política, muy identificados con la coalición gobernante, también han mal usado las licencias médicas. Con todo, lo ocurrido ahora ofrecerá una oportunidad para evaluar si, en el caso de las contratas, los finiquitos producto de estos abusos ocurren con mayor agilidad que en el caso de los funcionarios de planta.

De cualquier modo, lo que ha quedado en evidencia es que no solo la institucionalidad de las licencias médicas requiere un cambio profundo, sino también el régimen del empleo público —y más todavía si se considera el escepticismo entre expertos respecto de la efectividad de los sumarios anunciados—. La multiplicidad de formas de contratación requiere ser reemplazada por una modalidad general que permita más flexibilidad no solo en la terminación de los contratos, sino en la movilidad al interior de los servicios y entre ellos, para asegurar el mejor desempeño posible del Estado y el reclutamiento meritocrático de sus trabajadores.