La indignante falta ética de funcionarios públicos que “tiraban” licencias médicas para irse de viaje ha generado escandalizadas reacciones de autoridades que ordenan sumarios y anuncian acciones judiciales. Pareciera que nadie sospechó algo oscuro hasta que la Contraloría General de la República publicó su informe de auditoría.

Chile está adquiriendo la costumbre de llegar tarde. Llegó la hora de decidir si vamos a seguir escandalizándonos o vamos a aprender a reaccionar a tiempo. Me atrevo a mencionar cinco escándalos que ocurren hoy mismo en la Región de Atacama:

Escándalo uno: Los cuartos medios del Liceo Tecnológico de Copiapó (técnico-profesional) tendrán solo clases teóricas hasta julio o agosto. El Servicio Local de Educación Pública informa que bototos y overoles para construcción, y “tester” y cables para electrónica llegarán el segundo semestre. Las clases terminan en noviembre; por tanto, en su último año de formación la práctica se reducirá a dos o tres meses. Son varios los liceos en similar situación. ¿Será posible así formar a los técnicos que el país necesita?

Escándalo dos: Los guardias de seguridad del Hospital de Copiapó, el mismo que hizo noticia por la balacera en su Urgencia, no reciben sus sueldos íntegros ni pagos previsionales desde febrero por parte de la empresa externa. La dirección del hospital es la responsable final y lleva semanas prometiendo ponerse al día. El Ministerio contrata guardias que ponen en riesgo su vida, pero es incapaz de asegurar el pago de su remuneración. La ley de pago a 30 días es ficción y su reforma duerme en el Congreso. El Gobierno no desea establecer sanciones reales a municipios e instituciones de salud que la incumplen.

Escándalo tres: En Diego de Almagro, el Ministerio de Vivienda contrató empresas privadas para construir viviendas sociales. Con este aval las constructoras solicitaron a microempresas locales servicios de alimentación, alojamiento y transporte. Llegada la hora no pagaron y defraudaron a decenas de emprendedores que están cayendo en insolvencia. Las autoridades del Minvu se encogen de hombros. Dicen que nada pueden hacer respecto de “una relación entre privados”. No es la primera vez que se forman empresas solo para adjudicarse una obra y luego se disuelven para esquivar a los defraudados.

Escándalo cuatro: Un empresario local pidió a Bienes Nacionales arrendar un terreno fiscal para ampliar sus operaciones y casi duplicar los empleos que ofrece. Desde 2023 espera que le contesten la carta que envió. Aún no llega respuesta.

Escándalo cinco: En un servicio del Ministerio de Justicia una funcionaria denunció abuso sexual. La justicia condenó al superior jerárquico y ordenó su destitución. Pero el jefe regional, en una señal clara al resto de las funcionarias, ha permitido hostigamiento y degradación de funciones a la denunciante. Hemos entregado todos los antecedentes y llevamos meses esperando que el ministro del ramo y el Servicio Nacional de la Mujer restituyan el respeto a la víctima.

¿Seguimos? Podríamos, pero los hechos que nos escandalizan en Atacama exceden este espacio. Doy a conocer al menos estos

cinco porque afectan gravemente la vida de familias que conozco bien.

Es urgente mejorar la gestión en regiones y que las instituciones vuelvan a funcionar. Esperaríamos que las autoridades del Ejecutivo actúen por motivos de conciencia antes que por obligación. Que se busquen soluciones y responsabilidades, antes de que la Contraloría envíe un fiscalizador o evacúe un informe.

Lamentablemente, luego de meses de estar golpeando las puertas y las conciencias de diversas autoridades regionales y nacionales, observamos con tristeza que estas no actúan mientras los escándalos no sean auditados.

Yasna Provoste Campillay
Senadora por Atacama