Señor Director:

El fraude con las licencias médicas en reparticiones estatales ilustra una falacia que persistentemente se ha querido introducir al debate político: que en el sector público solo hay motivaciones nobles mientras que en el sector privado ellas solo serían perversas.

En efecto, gran parte del conglomerado que hoy nos gobierna argumentó con mucha fuerza que en las organizaciones productivas con fines de lucro el bien común es abandonado o distorsionado por la maximización de utilidades. Por esa razón, decían, ni la salud, ni la educación, ni la previsión deben ser provistas por el sector privado, ni tampoco el gas doméstico, encarecido por codiciosos empresarios, ni los alimentos de primera necesidad, que podían sufrir el mismo mal, etcétera. Solo el actual estancamiento económico morigeró transitoriamente su entusiasmo argumental.

Sin embargo, no hay razón para pensar que quienes trabajan en el sector público o en el privado sean distintos. Son todos seres humanos que comparten una común naturaleza. Las diferencias se producen cuando enfrentan escenarios con reglas y modos de interacción distintos.

Quien consiguió licencias fraudulentas en el sector público, probablemente no habría intentado hacer lo mismo en el sector privado, porque los controles e incentivos que allí se establecen son diferentes. Asimismo, es esa estructura de incentivos privada la que consigue que, en un ambiente de competencia, el afán de lucro produzca más bienes, a mejores precios para más personas, incluso sin que esa haya sido la intención de los agentes. Y eso legitima, en buena medida, la participación del sector privado en la economía.

Algo que deberían examinar quienes, falazmente, le atribuyen al Estado capacidades especiales solo porque las intenciones tras su creación serían nobles.

Álvaro Fischer